TJUE

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acceso público a informes sectoriaies, ha supuesto un alivio para Asociación de Eólicos de Galicia (EGA). El presidente de la asociación, Manuel Pazo, espera que a partir de ahora se vayan aprobando proyectos aunque, eso sí, "vamos a tardar en despegar". Pazo analiza estos años de parón eólico como un tiempo perdido en el que otras autonomías sí se han beneficiado de los eólicos con la instalación de industrias muy demandantes de energía. Ahora espera que después de más de un lustro de batallas judiciales se puedan abrir proyectos que permitan alimentar factorías como Alcoa y otros elementos industriales.

La portavoz socialista de Enerxía del Parlamento gallego, Patricia Iglesias, señala que la sentencia "no desbloquea los parques paralizados por razones medioambientales", de lo que responsabiliza a la Xunta, que "lleva 16 años tramitando con un plan de 1997"
 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE avala el procedimiento de la Xunta, desestimando la obligatoriedad de someter informes sectoriales a consulta pública. El fallo genera optimismo en el sector renovable y el Gobierno gallego, aunque ecologistas lamentan la limitación en la participación ciudadana.

El futuro del ex presidente de Cataluña es clave para saber si Junts, que ya ha pedido una anmistía, facultará un gobierno del PSOE en Moncloa.  El Supremo ha explicado hoy su estrategia para lograr que Bélgica lo entregue antes de las elecciones europeas de 2024. Esto abriría las puertas a una condena y, eventualmente, a que el Gobierno le concediese un indulto, como sucedió como otros dirigentes encarcelados por el 'process'. 

La nueva sentencia del Tribunal de Luxemburgo es de obligado cumplimiento por parte de Bélgica, que no se podrá negar a ejecutar una eurorden si no demuestra antes que en España se violan sistemáticamente los derechos de los procesados. El dictamen no se puede recurrir y supone un tanto para el juez Llarena.

El Tribunal Supremo había limitado la retroactividad hasta mayo de 2013, pero la justicia europea da la razón a los afectados.

Se os sindicalistas españois tivesen mantido o prestixio das súas propias siglas tan manchadas, hoxe a súa lexitimidade e o seu prestixio estarían intactos e poderían plantarlle cara a calquera goberno.

Las entidades no tendrán que devolver el total de 3.000 millones cobrado injustamente por las cláusulas suelo, como pedían los afectados, sólo las cantidades facturadas desde 2013.