El TJUE respalda la tramitación de parques eólicos en Galicia y abre la puerta a nuevas inversiones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que avala la legalidad de los procedimientos de evaluación ambiental aplicados por la Xunta de Galicia en la tramitación de parques eólicos, desestimando la necesidad de que los informes sectoriales sean sometidos a consulta pública posterior. Esta decisión, que responde a una consulta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), refuerza la seguridad jurídica del sector renovable y desbloquea proyectos industriales en la comunidad, según han celebrado el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal). Sin embargo, la asociación ecologista Petón do Lobo critica que el fallo limita la participación ciudadana.

UN FALLO QUE ACLARA LA NORMATIVA EUROPEA

El TJUE resolvió una cuestión prejudicial planteada por el TSXG, que buscaba determinar si la Xunta estaba obligada a facilitar al público los informes sectoriales –relativos a ámbitos como el forestal, el agua, el patrimonio cultural, el turismo, la salud, la energía eléctrica y la seguridad aérea– para que pudiera presentar observaciones antes de la autorización de proyectos eólicos. 

La sentencia, emitida este viernes, interpreta la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE, y concluye que no existe tal obligación, siempre que se garantice el acceso a la información esencial, como el informe de impacto ambiental del promotor, durante un plazo mínimo de 30 días. El tribunal europeo subraya que la directiva europea permite a los Estados miembros cierta flexibilidad en las modalidades de consulta pública, siempre que esta sea efectiva y se realice en una fase temprana, antes de la decisión final. Añade que exigir la consulta de todos los informes sectoriales podría generar cargas administrativas desproporcionadas, contrarias al objetivo de eficiencia de los procedimientos.

POSICIONES ENCONTRADAS

La sentencia tiene su origen en un recurso presentado por la asociación ecologista Petón do Lobo contra la autorización del parque eólico A Raña III, en Mazaricos (A Coruña), promovido por Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. en 2017. 

El proyecto incluyó una evaluación de impacto ambiental y un periodo de información pública de 30 días, durante el cual se recabaron observaciones y se solicitaron informes sectoriales. Sin embargo, Petón do Lobo alegó que la ausencia de un trámite adicional de consulta pública sobre estos informes vulneraba la normativa europea, un argumento ahora desechado por el TJUE.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró el fallo durante la junta directiva del Partido Popular en Santiago de Compostela. “Este pronunciamiento abre un nuevo horizonte para proyectos industriales en Galicia y demuestra que nuestros técnicos trabajan con rigor y profesionalidad, sin más presión que el cumplimiento de la ley”, afirmó. 

Rueda también agradeció el esfuerzo de las consellerías de Medio Ambiente y Economía, así como de la Asesoría Jurídica de la Xunta, y pidió un reconocimiento para los funcionarios, “injustamente cuestionados”.

IMPULSO AL SECTOR RENOVABLE

El Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) valoró positivamente la sentencia, destacando que aporta seguridad jurídica y facilita la reactivación de proyectos eólicos paralizados por decisiones judiciales previas. Según su presidente, José Ramón Franco, “el fallo refuerza un modelo de transición energética sostenible, alineado con los objetivos de descarbonización y desarrollo económico de Galicia”. 

Cluergal subrayó la fortaleza de la cadena de valor industrial gallega en el sector eólico, que genera empleo cualificado y tecnología exportable, pero advirtió de los retos pendientes, como la incertidumbre regulatoria y la necesidad de políticas europeas más ambiciosas para proteger la industria local.

Además, el clúster abogó por impulsar la repotenciación eólica, que consiste en sustituir aerogeneradores antiguos por modelos más eficientes, reduciendo el impacto ambiental y optimizando el recurso eólico. También reclamó la convocatoria urgente de la primera subasta de eólica marina en Galicia, una región que ya lidera en tecnología offshore con más de 3.000 empleos en el sector.

CONTEXTO Y DESAFÍOS DEL SECTOR EÓLICO

El fallo del TJUE llega en un momento clave para Galicia, que busca consolidar su posición como referente en energías renovables mientras enfrenta tensiones entre el desarrollo industrial y la protección ambiental. La región cuenta con una de las cadenas industriales más robustas de Europa en el sector eólico, pero la paralización de proyectos en los últimos años, debido a recursos judiciales como el de Petón do Lobo, ha generado preocupación en el sector. 

La sentencia del TJUE ofrece un marco más claro para agilizar trámites sin comprometer los estándares ambientales, aunque la ausencia de consulta pública adicional sobre los informes sectoriales sigue generando debate entre los grupos ecologistas.

Cluergal insistió en la necesidad de avanzar en soluciones sostenibles, como la gestión de residuos de aerogeneradores y la integración de la energía eólica en la red eléctrica. Por su parte, Rueda hizo un llamamiento a “tomar nota” del fallo para aprovechar las oportunidades que Galicia tiene en el horizonte de la transición energética.

 La resolución del TJUE marca un punto de inflexión para desbloquear inversiones y fortalecer el sector renovable, pero el diálogo entre administraciones, empresas y sociedad civil seguirá siendo clave para garantizar un desarrollo equilibrado.