El PSdeG avisa: el fallo del TJUE no desbloquea eólicos paralizados por motivos medioambientales

La portavoz socialista de Enerxía del Parlamento gallego, Patricia Iglesias, celebra el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala que no haya que someter a acceso público los informes sectoriales en proyectos eólicos, por lo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "mantenía paralizado el desarrollo de numerosas actividades", pero "tras este fallo se van a poder poner en marcha".

Sin embargo, advierte de que la sentencia "no desbloquea los parques paralizados por razones medioambientales", de lo que responsabiliza a la Xunta, que "lleva 16 años tramitando con un plan de 1997".
 

A juicio del PSdeG, la decisión del TJUE de este viernes "avala la defensa del Gobierno de España" respecto del sector eólico, al tiempo que "desmantela la propaganda del PP". De hecho, cree que "es un claro respaldo al buen hacer del Ejecutivo progresista, que defendió este caso y que consiguió una resolución que acerca seguridad jurídica al sector".

Así, la Xunta "debería reconocer este éxito institucional, porque incluso la entonces ministra Teresa Ribera ofreció colaboración y apoyo al Gobierno gallego en esta materia desde el minuto uno, al estarse tratando una ley estatal", explica la parlamentaria socialista.

No obstante, Patricia Iglesias deja claro que no se desbloquean los suspendidos por el TSXG por motivos medioambientales, dado que responsabiliza a la Xunta de seguir una normativa "obsoleta" que no se adaptó a las directivas comunitarias de hábitats ni a la ampliación de la Red Natura. Reprocha que tampoco se modificó para acomodarla a la zonificación que se desarrolló desde el Estado, como sí hicieron otros territorios, incide, "comunidades que ahora son líderes en renovables, como Aragón, Castilla y León o Valencia".
 

En ese sentido, la diputada alerta de que el Gobierno de Rueda "sigue autorizando parques en zonas ambientalmente no aptas". Por ello, recrimina que la Xunta del PP lleva años "dando bandazos sin hacer los deberes y hundiendo al sector en una inseguridad jurídica sin precedentes".