Manuel Pazo, EGA: “Los antieólicas buscan destruir el futuro industrial gallego”

-El TJUE ha fallado que no existe obligación de dar acceso público a informes sectoriales, concretamente haciendo referencia a los parques eólicos paralizados hasta el momento. ¿Qué análisis realiza la Asociación Eólica de Galicia (EGA) sobre el pronunciamiento del tribunal europeo?

En realidad esperábamos este fallo por dos motivos. No estamos ante un problema con los eólicos sino ante un problema relacionado con cualquier proyecto sometido a declaración de impacto ambiental. No es un problema que solo afecte a la Xunta de Galicia es un problema para todo el Estado porque en la mayoría de las comunidades el procedimiento es el mismo porque así lo dice la ley. Se presenta un proyecto a evaluación ambiental, se remite a los diferentes órganos implicados, en el caso de Galicia pueden ser diecinueve o veinte, después pasa a exposición pública y recopilada toda la información se realiza la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La ley así lo dice, se hará consulta a organismos sustantivos y a la sociedad. 

Por tanto, el fallo del TJUE, que ya había sido aprobado en el Tribunal Supremo, es lógico y Europa como interés público superior está siguiendo procedimientos más poderosos en cuanto a información pública. ¿Por qué? Porque es un problema de seguridad jurídica, de interés general y que desde la guerra en Ucrania se buscan procedimientos mucho más ágiles. No niego que pueda haber problemas ambientales, pero cuando todo se basa en hipótesis de posibles daños al medio o al entorno no se puede paralizar un proyecto durante cinco años. La realidad es que hemos estado en una “travesía del desierto” dos años en el TSXG, dos años en el Supremo y año y medio en el TJUE. Es una sinrazón en épocas de crisis energética y buscando que Europa sea competitiva. La consecuencia inmediata es comprar combustible fósil a EEUU o gas a Rusia y que están inflando el precio de la energía y acaba repercutiendo en los consumidores. 

-¿Cuáles han sido las consecuencias de este lustro con proyectos eólicos parados?

Ha habido un pérdida enorme en dos sentidos. La primera, desconfianza del inversor pues estamos en una época de electrificación de la economía, vemos que las inversiones realizadas en otros territorios van a energía renovable de nueva creación. Los antiguos aerogeneradores están ahí pero los fondos europeos van dirigidos a nuevas tecnologías eólicas. En un estudio realizado por Deloitte hace un par de años, se localizaban treinta y dos empresas importantes en Galicia para instalarse que iban desde tecnología, biotecnología y otros campos incluyendo Altri o Alcoa. Sin embargo, en Galicia nos hemos encontrado que en plena electrificación el consumo baja un 32% en cuatro años, parte de esto viene de Alcoa, parte de Megasa y un 8 o 9% es de consumidor final o PYME. El estudio de Deloitte concluía que Galicia necesitaba producir 8 Teras de electricidad y se necesitarían sobre 6.200 millones de euros en inversiones con 7.000 puestos de trabajo directos y 7.000 indirectos, pero con la inseguridad jurídica actual en Galicia nadie se interesa en invertir. Esto también implica al propio desarrollo eólico, antes teníamos toda la cadena de producción de aerogeneradores en nuestra comunidad y todo eso se ha ido desmontando. Ha habido un descenso de consumo enorme y que refleja la evolución industrial en Galicia con empresas que se han deslocalizado instalándose en otros países u otras CCAA donde sí se ha producido ese desarrollo. El ejemplo más notable es Aragón que ha generado una gran cantidad de energía en los últimos años, por eso están ahí Microsft, Amazón y la fábrica de baterías de litio.

  No niego que pueda haber problemas ambientales, pero cuando todo se basa en hipótesis de posibles daños al medio o al entorno no se puede paralizar un proyecto durante cinco años

-¿Estamos ante una cuestión de interpretación legal entre Galicia y Aragón sobre el desarrollo eólico?

Sí, porque la interpretación del TSXG y el TSJA es diferente. Se realizan las mismas políticas que aquí, pero la interpretación del TSXG es siempre diferente a otras comunidades donde no se entra en dudas ambientales, cosa que aquí sí.

-¿Cuáles cree que son los motivos detrás de las dudas del TSXG?

No lo sé. Yo creo en la justicia pero la interpretación que realizan los tribunales es diferente. La realidad es que el Tribunal Supremo nos dio la razón y el TSXG realiza una consulta al TSJUE y retrasa la decisión dos años más. Creo que hay tribunales que se equivocan, en este caso se equivocaron y hay otras autonomías con sus tribunales superiores que no han paralizado proyectos como sí han hecho en Galicia. Por otra parte, aquí tampoco estamos hablando de ecologismo sino de asociaciones antieólicas, negacionistas y que van a la destrucción de lo que es el futuro de la economía e industria española y europeas. 

-¿Por qué les denomina “antieólicas”?

Porque sus actuaciones van casi exclusivamente en contra de la energía eólica, ADEGA, Ecoloxistas en Acción y Petón do Lobo. Esta última fue quién presentó el recurso ante Europa y al no estar de acuerdo con los tribunales va a seguir recurriendo. Tiene todo el derecho a recurrir pero la realidad es que el 99% de los parques eólicos están suspendidos o judicializados y eso no es normal, lo normal es que lo estuvieran el 50% o el 20%. Están diciendo que en toda Galicia hay una presunción de existencia de elementos patrimoniales de todo tipo, todo ello sin demostrar y paralizando toda iniciativa industrial. Además, se sigue insistiendo en que Galicia es exportadora, ¿exportadora de qué? Será de Zara o vehículos porque en realidad, la idea del BNG de que producimos el 140% de energía no es esa, la realidad es que el consumo se ha reducido un 30% y si cerramos todas las industrias claro que seguiremos exportando más. Segundo, la producción de energía por encima del 100% procede del gas y otras fuentes, es por eso que hay momentos en los que tenemos que importar gas y nuclear ante la falta de agua o viento.

La interpretación del TSXG es siempre diferente a otras comunidades donde no se entra en dudas ambientales, cosa que aquí sí
 

-¿Qué alternativa les han propuesto estas asociaciones frente a los parques eólicos?

Ninguna, esto es hablar por hablar, es negacionismo, es más política que otra cosa. Quedé sorprendido cuando se desestimó el decreto antiapagón con la unión de PP, Vox, BNG y una escisión de Sumar. Este decreto era una cuestión técnica y venía a decir que se debía invertir en red eléctrica y en su seguridad. Todo esto se fue abajo por cuestiones políticas, y la consecuencia será una factura enorme para los consumidores y las PYMES.

-También está la figura del juez Luis Villares quien en su momento como parlamentario criticó un parque eólico en Mondoñedo y pidió abstenerse en juicios sobre parques y sentenció contra otro en O Iribio. 

No podemos personalizar. Los autos son firmados por cuatro o cinco ponentes, por tanto no se debe personalizar. Lo mismo sucede en el Tribunal Supremo o en el Constitucional donde hay una mesa con miembros a favor y en contra. Si sale penalizado, en este caso por la Sección Tercera, decide lo que es bueno o malo en una sentencia. Insisto en no personalizar sobre ningún juez. Hubo un tribunal que adoptó una postura que no ha adoptado en Tribunal Supremo o los tribunales superiores de otras autonomías. Es absurdo personalizar cuando tenemos a cuatro o cinco personas formando una mesa. 

-El sector eólico ha manifestado también su temor a lo que pueda suceder con 86 parques eólicos en Galicia a pesar del fallo europeo. ¿Qué tipo de parques son y por qué existe ese miedo a la falta de una solución?

Esos 86 parques tienen 250 contenciosos paralizados en el TSXG. Si se tiene un contencioso se puede seguir construyendo pero la inversión es cobarde y se va a otro lado. El TSXG tiene que resolver esos contenciosos y no se resuelven ocho o diez contenciosos al año y a parte de este atasco en los tribunales también existen alegaciones, la mayoría presuntas alegaciones porque más del 50% de los proyectos presentados no pasaron la DIA. La paralización en los tribunales ha vuelto obsoletos a muchos parques proyectados por falta de maquinaria para construirlos y es que llevamos diez años parados. Todo esto no se va a resolver a corto plazo. 

Quedé sorprendido cuando se desestimó el decreto antiapagón con la unión de PP, Vox, BNG y una escisión de Sumar
 

-Por otra parte, Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña celebra el fallo del TJUE. El PSOE, partido del señor Formoso, declara que el mismo fallo no desbloquea eólicos paralizados por motivos medioambientales. ¿Qué interpretación realizan de estas posiciones?

Desde EGA interpretamos que es muy positivo para Galicia y que para el resto del Estado se aclaran dudas porque la mayoría de los fondos y capitales destinados a eólicos son extranjeros. En realidad tenemos un antes y un después, Europa ha reclamado por segunda vez a España que trasponga el interés público superior. Digo esto porque aquí prima el interés ambiental sobre el interés “empresarial”, que no es tal porque los parques pueden montarlos empresas públicas. Este es un problema de salud pública, es un problema de seguridad pública como se pudo ver en el apagón del 28 de abril, es un problema de cambio climático y un problema sobre el derecho del ciudadano de tener energía barata, limpia y en su casa. Europa lo que nos dice es que se debe valorar el tema ambiental “absolutamente demostrado", no el "presunto”. Casi todos los proyectos están paralizados por una cuestión ambiental basada en una presunción que se coloca por encima de la seguridad nacional o derechos ciudadanos como el de disponer de energía barata. En Alemania hubo un corte de gas, ahora tienen que priorizar aerogeneradores más ecológicos primando unos intereses sobre otros. Aquí se alude a presuntos intereses ambientales y eso es lo que le señala el TJUE a España, dar seguridad a los proyectos eólicos. 

-También el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recrimina a la Xunta no haberse adaptado a las directivas europeas en 16 años: “éramos la primera potencia en eólica y ahora hay otras CCAA que nos superan”. 

Éramos la primera potencia nacional y cuarta de Europa en todo, en empleo, PYMES y producción. Teníamos la mejor tecnología del Estado, después llegaron las disputas en el bipartito, dos concursos que quedaron en el aire lo que demuestra que la gestión no fue la debida, ese fue el origen de la pérdida de posiciones. Por otra parte, la diputada del BNG, Noa Presas, hablaba hace poco sobre la falta de adaptación en la Red Natura 2000, ellos estuvieron en la Xunta y podrían haberlo hecho. Presas también criticaba la planificación de los parques eólicos y durante el bipartito se hizo un concurso en las mismas zonas ahora recurridas y los mismos 6.500 Mw y ahora estamos en 4.000 Mw situados en los mismos lugares. ¿Lo que antes era bueno ahora es malo? No voy a entrar en política, yo defiendo las renovables desde hace cuarenta años. La implantación fue muy complicada, se cerraron dos térmicas, tenemos más empleos trabajando en las renovables, estamos en más de 100 ayuntamientos donde no tenemos problemas de convivencia y son ayuntamientos con rentas per cápita de lo más bajo de Galicia y que han subido la misma desde que la implantación de eólicos. 

Aquí se alude a presuntos intereses ambientales y eso es lo que le señala el TJUE a España, dar seguridad a los proyectos eólicos

-¿Se avecina un futuro fácil para el eólico gallego?

Va a costar volver a despegar. Si todo está judicializado y si el Gobierno de España traspone el interés público superior al interés general y si las CCAA hacen lo mismo, la situación es complicada. La eólica crece a una velocidad pausada porque vamos con inversiones a largo plazo, todo por los tiempos de contratación de maquinaria e inversión en terrenos. También hay que desatascar la eólica marina donde hay que trabajar sobre las zonas de instalación, sobre la compatibilidad con la pesca, pero estamos expectantes. No se puede poner en duda el trabajo del funcionario porque van a trabajar igual para cualquier partido en el gobierno, se pone en duda a los funcionarios de carrera que elaboran las DIA. Si esto no avanza solo viviremos del Camino de Santiago o del sector servicios.