El Tribunal Supremo inhabilita dos años al fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de Ayuso

Álvaro García Ortíz ha sido condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y una multa de más de 7.000 euros.


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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo.

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha conocido hoy la condena emitida por el Tribunal Supremo. Después de un proceso donde todo se sostenía sobre pruebas "indiciarias", el alto tribunal ha estimado que el fiscal general es culpable de un delito de revelación de secretos.

 

CONDENA

La sentencia supone una inhabilitación de dos años para el ejercicio de su cargo, además de una multa de 7.200 euros, atendiendo al juicio de una mayoría de cinco de los siete magistrados, por los que no se trata de una sentencia adoptada por unanimidad.

 

Fiscal general
Foto: EP

 

El fallo ha generado un gran revuelo a nivel político y judicial, con algunas voces que esperaban la absolución del fiscal y que ahora se sorprenden con el fallo, que va en la dirección contraria y que considera al fiscal responsable de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, donde admitía haber cometido dos delitos fiscales. González Amador, que permanece a la espera de ser procesado por fraude fiscal, será también indemnizado por García Ortiz con 10.000 euros por daños morales, como ordena el TS.

 

La sentencia todavía no está redactada, pero ya se han dado a conocer los detalles de la misma solo una semana después de que el caso quedase visto para sentencia. Durante el juicio, en donde testificaron, entre otros, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, encargado de difundir información falsa en torno a un supuesto intento de pacto de Hacienda y González Amador, varios periodistas afirmaron que conocían el contenido del correo antes que el propio fiscal general. Tres de los periodistas subrayan, además, que no fue el fiscal el que les hizo llegar esa información, acogiéndose al secreto profesional para no dar a conocer a su fuente. 

 

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