Tribunal Supremo

EL alto tribunal anula la indemnización de 15.000 euros que Atresmedia, Netflix y Bambú Producciones debían pagarle al famosos narcotraficante.

El fallo del alto tribunal sienta jurisprudencia clara sobre los supuestos en los que se debe abonar las dietas y el kilometraje a los vigilantes. 

Será necesario esperar al contenido íntegro de la sentencia para ver si el tribunal concreta el ámbito de aplicación de la condena acordada

Existen “La verdad” (meneando la cabeza de lado a lado con rostro serio) y “La verdad” (con gesto afirmativo y una sonrisa de oreja a oreja).

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado ha encendido el debate político en Galicia. Paula Prado (PPdeG) ha arremetido contra la izquierda gallega, acusándola de complicidad con la corrupción, mientras que los partidos progresistas locales plantean una respuesta institucional preocupada por la confianza en la justicia.

Así lo confirma la sentencia de la citada cámara que venimos de conocer y en la que se condena sin pruebas -¿Dónde queda la presunción de inocencia?- al Fiscal General del Estado al tiempo que se le de la razón a un presunto delincuente: “Que debemos condenar y condenamos a D. Alvaro Garcia Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art.

Álvaro García Ortíz ha sido condenado por revelación de secretos a dos años de inhabilitación y una multa de más de 7.000 euros.

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido puesto en libertad atendiendo al decreto emitido por el Tribunal Supremo, que entiende que no hay un riesgo tan alto para la destrucción de pruebas como el existente en su momento cuando se determinó que Santos Cerdán debía entrar en prisión. 

La empresa de telecomunicaciones pierde su recurso ante el alto tribunal y acumula una serie de sentencias en su contra, la última tras la denuncia de la CIG.

El presidente gallego ratifica el recurso y cuestiona que no se atiendan los razonamientos esgrimidos por el Supremo o el Tribunal Europeo.

La Asociación pola Defensa da Ría vincula la prórroga del Gobierno de Rajoy a la concesión de la fábrica pontevedresa con la presunta "trama corrupta" por la que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está siendo investigado

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece hoy ante el alto tribunal para declarar por el 'Caso Koldo' y la presunta trama de corrupción que sacude al Partido Socialista. Del peso de la figura de Pedro Sánchez y su implicación o conocimiento de la trama depende la estabilidad del Gobierno.

El juez José Luis Deaño, miembro de la Sala de Gobierno del TSXG desde 2019, es el presidente en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura, uno de los colectivos que han convocado la huelga de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio en contra de las medidas que impulsa el Gobierno de España para, entre otras cosas, reformar la carrera judicial y la carrera fiscal. El magistrado atiende a Galiciapress para desgranar los motivos de esta convocatoria, el impacto de las medidas que propone el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y las consecuencias derivadas de congelar los juzgados durante tres días.

El magistrado sugiere también al TS la idoneidad de efectuar un registro en La Moncloa.

El ministro se comprometió en enero de 2024 a un encuentro con los profesionales del turno de oficio que todavía no ha mantenido. El Sindicato Venia censura que mientras los huelguistas del TO reciben sanciones, abogados y procuradores defienden el derecho de jueces y fiscales a ir a la huelga.

Recrimina al instructor que no tiene en cuenta el testimonio de los periodistas que podría exculpar el fiscal general. El Ministerio Público denuncia graves omisiones, falta de pruebas y una instrucción parcial que, a su juicio, vulnera los derechos de los investigados

La empresa deberá facilitar información salarial a los sindicatos y pagar 22.503 euros en indemnizaciones.

Reproches en el pleno y nuevas denuncias ante Fiscalía tensan la cuerda entre Jácome, la oposición y los bomberos. 

El Tribunal Supremo establece la responsabilidad que tienen las entidades bancarias: "El hecho de que las operaciones fueran validadas mediante credenciales correctas no basta para considerar que el consentimiento fue otorgado por el titular".