Qué disparate. ¡Qué daño le están haciendo a la democracia!

Resulta tan basto, tan irreal que parece más propio de una película de Berlanga que de una actuación del Tribunal Supremo como en realidad resulta ser. 

En este semana tuvimos un capítulo más de lo que en el anterior artículo en este mismo medio consideraba una estrategia de acoso y derribo del Gobierno español de turno (PSOE/Sumar). Porque así hay que evaluar la última decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de procesar al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Una decisión judicial que tiene en el punto de mira a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español a quién estas derechas extremas, incapaces de aglutinar una mayoría parlamentaria que posibilite una moción de censura, atacan por tierra, mar y aire sin despreciar cualquier medio empleado ni pensar en el daño que a la democracia y a sus poderes pueden causar.

Porque esta actuación del Tribunal Supremo se viene a sumar a otras muchas anteriores, lo que quedan en evidencia cómo el poder judicial está siendo utilizado por las derechas extremas (PP, Vox) para atacar -aniquilar- a los contrincantes políticos saltándose, en la mayoría de los casos, las leyes de la democracia y el estado de derecho.

El emérito jurista gallego José Antonio Martín Pallín, que había sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, ya ha explicado con el rigor y la pulcritud que lo caracteriza óomo el enjuizamiento del fiscal general no tiene base alguna, cómo es resultado de una operación montada desde la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid que tiene como primer objetivo tapar el escándalo de corrupción y delito fiscal cometidos por el “ciudadano particular” señor González Amador, que en su día reconoció los mismos, y que resulta ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por lo que esta, directa e indirectamente, se ve salpicada por el escándalo político derivado de una actitud ilegítima e ilegal.

Un escándalo judicial en el que parece que las mentiras y sucias maniobras de un conocido periodista, Miguel Ángel Martínez, que resulta ser el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a los excesos en sus funciones de algunos agentes de la UCO y la actuación de “instituciones tan prestigiosas como la Fundación Foro, Libertad y Alternativa, el sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias y, sorprendentemente, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)” (Martin Pallín...) tienen más fuerza que la verdad de los hechos y las evidencias que demuestran contundentemente que el fiscal general no cometió el delito del que se le acusa -descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 417 del Código penal como un delito contra la Administración Pública-, que no fue él precisamente quien filtró, ni dio orden de que se filtrase la nota del abogado de González Amador en la que este, además de informar que su defendido admitía que “ciertamente se habían cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, solicitaba un acuerdo de conformidad. Nota que -como así lo explicaron numerosos periodistas de prestigio- fue hecha pública mucho antes de ser conocida por el propio fiscal general del Estado.

Estamos así, como señala la Unión Progresista de Fiscales, ante “un ataque sin precedentes en la democracia”, de “un monumento al disparate jurídico...y una imputación calumniosa con fines políticos... De un tiro por elevación contra el presidente del Gobierno como lo de su esposa Begoña y lo de su hermano” (Martin Pallín).

La operación, montada por las derechas extremas, de acoso y derribo contra el Gobierno de turno (PSOE/Sumar) continúa sin que a aquellas les importe que con sus sucias maniobras sea la democracia y el estado de derecho en España quienes salen muy, muy perjudicados. Esperemos que la ciudadanía sea consciente de lo que está pasando y de lo que nos jugamos todos los demócratas con estos envites.