Luis Villares ve como el Supremo tumba tres de sus sentencias ligadas al Hospital de Vigo por el riesgo de que no fuese "imparcial"

El Tribunal Supremo ha ordenado anular tres sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras estimar los recursos de casación presentados por la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El motivo central es la existencia de “dudas razonables” sobre la imparcialidad de Luis Villares, exmagistrado y antiguo portavoz de En Marea, que integró la sala que resolvió inicialmente esos pleitos.

Los tres casos se remontan a octubre de 2021, cuando un juzgado de Santiago de Compostela dio la razón a la empresa en varias reclamaciones económicas frente al Concello de Vigo y a la Xunta. Las controversias afectaban al pago del IBI de 2019, a la compensación por la reducción de las tarifas en el aparcamiento del hospital y a la liquidación de varios servicios prestados durante los primeros meses de funcionamiento del complejo sanitario.

Fallos anulados y causas económicas

El TSXG había revertido en 2022 las resoluciones favorables a la concesionaria, estimando los recursos del Sergas y de la Xunta, pero esas sentencias han quedado ahora invalidadas por la intervención de Villares. El Supremo considera que, al haber tenido una exposición pública y política tan marcada, su participación podía generar “apariencia de falta de neutralidad”, incluso sin probar una parcialidad efectiva.

El Supremo no entra en el fondo económico de los litigios. Su decisión se limita a devolver los expedientes a la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TSXG para que se repita la deliberación con una nueva composición del tribunal que garantice “el derecho a un juez imparcial”, conforme al artículo 24 de la Constitución.

Contexto y posibles efectos

La resolución llega en un momento en que la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro sigue siendo objeto de debate político en Galicia. El modelo público-privado con el que se construyó el complejo sanitario ha sido criticado por la oposición, especialmente por el BNG y el PSdeG, por su elevado coste para las arcas públicas y por la gestión de ciertos servicios.

Luis Villares, por su parte, se reincorporó en 2020 a la judicatura tras su paso por la política autonómica y su liderazgo en En Marea, formación ahora disuelta. Hasta el cierre de esta edición, ni el propio magistrado ni el TSXG han realizado declaraciones sobre la decisión del Supremo, que podría tener efectos en otros procedimientos en los que Villares participase.

Esta decisión refuerza la doctrina del alto tribunal sobre la necesidad de preservar la imagen de independencia judicial, particularmente en casos donde exista una trayectoria pública del magistrado que pueda generar “sospechas objetivas” sobre su imparcialidad.