Inhabilación del Fiscal: PPdeG celebra la sentencia, Ayuso habla de dictadura y el PSdeG acata pero critica

La portavoz del PP gallego, Paula Prado, ha aprovechado la sentencia condenatoria para criticar duramente a los partidos de izquierdas en Galicia. Arremetió contra el BNG, el PSdeG, Sumar y Podemos, a quienes señaló como cómplices de lo que considera  una estrategia para encubrir irregularidades. Para Prado, este episodio es una muestra más de la fragilidad institucional del bloque de izquierdas y de su supuesta connivencia con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el PSdeG, el portavoz Julio Torrado ha adoptado un tono más prudente: ha dicho que su partido “acata” la sentencia, pero que no la comparte. Torrado ha denunciado que es difícil de entender para la ciudadanía y que "no hay casi nadie que entienda esa resolución". Ha advertido de un grave problema de credibilidad para el sistema judicial si no se justifican los fundamentos legales de la condena.

El BNG, por su parte, todavía no ha emitido una declaración pública específica sobre la sentencia. No obstante, sus anteriores críticas al PPdeG y su firme demanda de mayor autonomía para Galicia ofrecen un contexto para interpretar la posición que podrían adoptar. En otras ocasiones, la portavoz del Bloque, Ana Pontón, ha reprochado al PP gallego su negativa a aceptar la quita de la deuda autonómica, argumentando que perjudica los intereses de la comunidad gallega.  

En cuanto a Sumar y Podemos Galicia, de momento no se han registrado reacciones oficiales específicas desde Galicia ante la sentencia. A nivel nacional, sin embargo, ambas formaciones han sido muy duras: califican la condena como un “golpe judicial” del poder conservador contra el Estado de Derecho, denunciando la politización de la judicatura. 

Yolanda Díaz ha reaccionado calificando la condena al fiscal general como una decisión política que, a su juicio, se dirige en realidad contra el Gobierno de coalición progresista y no solo contra Álvaro García Ortiz.​

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar considera que el fallo del Supremo es una “anomalía” jurídica, que se ha dictado “sin pruebas de cargo” contra un fiscal al que define como un profesional de alto nivel, y advierte de que la resolución rompe la institucionalidad del Estado y contribuye a fracturar la judicatura española.

La sentencia del Supremo condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Según el tribunal, reveló información confidencial relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este fallo ha sido interpretado por buena parte de la izquierda como un intento de deslegitimar tanto al fiscal como al periodismo, y como una maniobra para proteger a otros implicados. 

Paula Prado ve en esa interpretación un riesgo para Galicia: acusa a sus adversarios políticos de cerrar filas y atacar a un sistema judicial que, según ella, no actúa con intereses partidistas. Para la dirigente popular, la condena es una prueba de que la izquierda se alinea con lo que considera “corrupción institucional”.

Al mismo tiempo, sectores progresistas alertan de un desgaste institucional: si la ciudadanía no comprende las motivaciones de la sentencia, podría debilitarse la confianza en las instituciones de justicia. Como ha señalado Torrado, eso puede llevar a una crisis de legitimidad grave. 

Ayuso compara a España con una dictadura

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a la sentencia celebrándola públicamente y presentándola como una victoria de la democracia y del Estado de derecho.​

En una declaración institucional, la presidenta madrileña ha calificado la condena al fiscal general del Estado de decisión “histórica” y ha asegurado que el 20 de noviembre de 2025 pasará a ser “un día importante para la democracia española”. Ayuso sostiene que el fallo demuestra que “la justicia funciona” y que un ciudadano puede vencer al “aparato del Estado” cuando este vulnera sus derechos, en referencia a su pareja, Alberto González Amador, cuyos datos reservados fueron revelados por la Fiscalía según la sentencia del Supremo.​

Al mismo tiempo, ha endurecido su discurso contra el Gobierno central, al que acusa de comportamientos “propios de una dictadura” y de utilizar las instituciones, incluida la Fiscalía, con el objetivo de dañar a un adversario político. Ayuso ha señalado directamente a Pedro Sánchez, al que responsabiliza políticamente de la actuación del fiscal general y de haber impulsado una operación para perjudicarla a través del caso de su pareja.