Jueces decididos a colgar la toga e ir a la huelga: "Bolaños pretende acabar con las asociaciones judiciales"

Julio arrancará en España con los jueces colgando sus togas, no por el calor, sino contra las reformas que trata de impulsar el Gobierno de España. Con tres días de huelga y una movilización este sábado 28 de junio ante el Tribunal Supremo, jueces y fiscales, convocados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), secundarán los paros que parecen inamovibles después de los últimos intentos para acercar posturas con un Ministerio de Justicia que parece cercado en su intento, asegura el ministro Félix Bolaños, por "fortalece y garantiza la independencia del Poder Judicial", algo en lo que no coinciden muchos magistrados.

"BOLAÑOS SIEMPRE MOSTRÓ HOSTILIDAD"

Precisamente el presidente en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura y miembro de la Sala de Gobierno del TSXG desde 2019, José Luis Deaño, entiende que esos dos proyectos de ley para modificar el acceso a las carreras de jueces y fiscales y para adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales son la gota que colma el vaso en un momento especialmente delicado para el ministro de Justicia, Bolaños, que mostró “máximo respeto a la huelga”, pero dijo que los motivos de la misma eran “discutibles”. 

“No nos sorprenden las palabras de Bolaños”, admite Deaño de un ministro que “siempre muestra hostilidad hacia cualquier propuesta que le viene desde la carrera judicial”. “A mí me gustaría saber en qué fortalece a la carrera judicial, por ejemplo, la modificación que ha propuesto el sistema de elección de las salas de gobierno, en el que limita el ejercicio del derecho a voto por parte de los integrantes de la carrera judicial”, cuestiona el juez, que también hace mención a la creación de la Comisión de Ética Judicial “en la que, a partir de ahora, lo que pretende es introducir dentro de ella gente del mundo de la ética y de la filosofía nombrados, evidentemente, por el Poder Político, con la intención de marcar las directrices de cómo deben comportarse los jueces”. 

Ante esas posibles injerencias, desde la Asociación Profesional de la Magistratura no se cierran en banda a la totalidad de las propuestas, como las becas para los opositores, una medida que consideran positiva, aunque no así la decisión de “rebajar el nivel de exigencia” en las pruebas de acceso a “uno de los poderes del Estado”.

UNA LEY DE 1985

A fin de encontrar un punto de encuentro a la hora de establecer un diálogo para debatir y pactar la reforma, la Asociación Profesional de la Magistratura ha propuesto encuentros “a todos los grupos parlamentarios” y ha mantenido reuniones con representantes del PSOE y del PP, las fuerzas con más diputados. Con todo, son pesimistas al entender que en el Ministerio hay “una cerrazón total a negociar cualquier tipo de reforma”.

“Estamos hablando de una ley que es el elemento fundamental en cuanto al fundamento de uno de los tres poderes del Estado y el ministerio ha decidido tramitarla por vía de urgencia, lo cual parece un contrasentido. Nosotros abogamos porque sí hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial, lo cual puede ser en algunos aspectos razonable. Estamos hablando de una ley de 1985. En todo caso, tiene que ser a través de un procedimiento sosegado, sabiendo qué es lo que se quiere, sabiendo a dónde se quiere ir y, sobre todo, teniendo en cuenta también la opinión de los diferentes operadores jurídicos y sobre todo de la carrera judicial”, estima Deaño.

Desde fuera, la pregunta que se hace la mayoría es si es necesaria acometer esta reforma o si responde a un interés político, pues la percepción general es que en España existe un linaje de jueces y fiscales, con familias de magistrados y juristas como únicas capaces de poder acceder a unas oposiciones al alcance de una élite. Deaño rechaza de pleno esa tesis y asegura que es “un bulo enorme e interesado, como muchos que circulan por este país” y que, interpreta, “se ha intentado transmitir desde ciertos sectores políticos con la intención de desacreditarnos”.

“La realidad es que la gran mayoría no es que no tengan ya familiares jueces, es que ni siquiera tienen familiares que tengan que ver con el mundo del derecho y provienen de los más diferentes estratos sociales”, subraya, a la vez que expone su caso, pues sus padres tenían profesiones fuera del ámbito jurídico. “¿Quién se pasa encerrado en su casa cinco años estudiando diez horas al día cuando pertenece a una élite económica?”, se pregunta, apostillando que la inmensa mayoría de los jueces “son gente nacida ya en democracia”.

Sí concede las dificultades para poder estudiar y concuerda en que “estudiar es muy difícil y prácticamente imposible con un trabajo”, por lo que reitera su compromiso a apoyar una medida como la de conceder becas y ayudas a los opositores, algo que, recalcan desde la asociación, “no es una novedad”, ya que otros gobiernos ya tuvieron esta clase de iniciativas. 

LA "MALA PRENSA" DE LA JUSTICIA

Tal vez los bulos y las ideas falsas que se tienen sobre jueces y fiscales responden, en gran medida, a los muchos titulares que ha ocupado la Justicia y sus protagonistas en los últimos años, desde las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta el alcance mediático de algunos magistrados, como el juez Peinado, que ayer mismo pidió la imputación del mismo Bolaños por el Tribunal Supremo. 

Deaño no esconde que el trabajo de muchos jueces despierta “interés informativo” por los “aspectos sensibles que tienen que gestionar en su trabajo”. Las movilizaciones, en cambio, responden a la necesidad de defender las dos carreras ante propuestas “lesivas” y el miedo a que se rebaje el nivel de exigencia en las pruebas, algo que debilitaría el sistema. 

“En noviembre de 2024 hubo unas elecciones a las salas de gobierno de toda España donde todos los jueces pudieron votar libremente y el resultado al Gobierno actual no le gustó. Por eso lo que pretende es prohibir el derecho a que nosotros podamos votar de esta forma, a ver si el sistema para las composiciones de las nuevas salas de gobierno resulta más aceptables para ellos”, razona el juez, que censura las “críticas atroces a ciertos compañeros sin el más mínimo sustento jurídico; el mundo del derecho es un mundo muy técnico y uno debe saber de lo que habla, tener unos mínimos conocimientos jurídicos”. 

A renglón seguido, Deaño apuesta por que las críticas sean siempre “constructivas” y no “destructivas y sin el más mínimo rigor”, como vienen haciendo “numerosos sectores políticos y medios con ataques personales, directo e intolerables a compañeros con los que se pretende engañar a la población y desprestigiar al juez para salvar la cara a la persona investigada”. 

"PRETENDEN ACABAR CON LAS ASOCIACIONES JUDICIALES"

Los paros de los días 1, 2 y 3 de julio siguen en pie y la convocatoria debería ser una llamada de atención al Gobierno para, al menos, abrirse a reformular propuestas como la prueba escrita anónima, que desde la Asociación Profesional de la Magistratura recuerdan que se retiró en el pasado por ser “de una valoración mucho más subjetiva y susceptible de filtración” y que en ningún caso debería sustituir a uno de los dos exámenes orales pues “dan una garantía de un conocimiento profundo, de una capacidad del aspirante de expresarse en público, nada menos que dentro del Tribunal Supremo y ante una sala compuesta por siete miembros”, o la de prohibir la financiación privada de asociaciones, una idea que Deaño interpreta como un intento de tratar de cercenar a un colectivo que “no se puede sindicar”. 

“Lo único que podemos es pertenecer a asociaciones profesionales que, entre otras funciones, tienen la defensa de nuestros derechos laborales, que también los tenemos”, esgrime Deaño, que pone como ejemplo las “extenuante jornada laborales” que enfrentan o el hecho de no cobrar horas extra.

“Si, por un lado, ya se nos redujo las ayudas públicas que había, si, por otro lado, se pretende descargar totalmente a las asociaciones judiciales en cuanto a las elecciones en sala de Gobierno, que son otra vía de financiación, y, en tercer lugar, a través de los representantes que sostienen estos organismos y se prohíbe cualquier tipo de colaboración privada, lo que se está pretendiendo es acabar con las asociaciones judiciales”, asevera, razonando que “los jueces unidos son un colectivo más fuerte que cada uno por su lado”. 

Esa unión provocará una parálisis prácticamente total en juzgados que todavía hoy arrastran las consecuencias de la huelga de los LAJ o de la huelga indefinida que mantienen los abogados del turno de oficio. La consecuencia inmediata es que, si como parece se llega al extremo de celebrar los paros, el embotellamiento de las causas será todavía mayor. “Va a provocar la suspensión de todos los juicios que tengan señalados durante esos tres días”, advierte Deaño, que confía en que el ministerio pueda dar su brazo a torcer para “escuchar y negociar una Ley Orgánica del Poder Judicial por la vía del trámite ordinario”.

Más allá del 3 de julio el panorama que se abre es una gran incógnita. “La posibilidad que continúe la huelga está ahí. A vez cómo se desarrolla y si hay una voluntad negociadora”, avanza Deaño, que pone el foco en lo extraordinario del caso, pues, “los jueces no somos muy dados a este tipo de actuaciones”. “Si lo hacemos ahora, es porque consideramos que la reforma es enormemente perjudicial para la carrera judicial y para el servicio público de la administración de justicia. Si no, no llegaríamos a esta situación”, zanja.