Fiscales

El pasado mes de mayo, antes de las elecciones locales, los jueces y fiscales de todo el Estado amenazaron con iniciar una huelga que paralizaría, más si cabe, la Justicia española, ya de por sí lastrada por la huelga de Letrados de la Administración de la Justicia, que duró más de dos meses y que afectó a decenas de miles de procesos. 

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Este 3 de mayo se celebra la reunión que puede desbloquear la convocatoria de una huelga indefinida de jueces y fiscales a partir del próximo 16 de mayo. Las asociaciones progresistas del ramo han preferido no pronunciarse sobre la huelga hasta conocer el contenido de la propuesta del Gobierno. Son las alas moderadas y conservadoras las que impulsan los paros.

Los jueces y fiscales de España están llamados a la huelga a partir del 16 de mayo por diversas asociaciones del gremio.

Asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este viernes al Consejo General del Poder Judicial la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo a la espera de la reunión que mantendrán el próximo miércoles, 3 de mayo, con el Ministerio de Justicia en la Mesa de Retribuciones en la que también participará el órgano de gobierno de los jueces y la Fiscalía General del Estado.

De las importantes, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, tres de cinco, apoya la convocatoria. Ahora bien, no lo hacen los colectivos que tradicionalmente se les tilda de progresistas.

Tras la reapertura del proceso que descargaba responsabilidades sobre el maquinista

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, asegura que ayudaría a que los procesos fuesen más rápidos y eficaces

Los jueces y fiscales tienen un reto difícil ante ellos: revisar las alrededor de 650.000 causas abiertas en España en seis meses. Este hecho viene dado por la puesta en marcha de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por Rafael Catalá, y que limita las instrucciones a seis meses para las sencillas y 18 para las complejas. Así pues, tienen hasta el 5 de junio de 2016 para revisar cientos de miles de causas bajo la amenaza de tener que archivarlas o a abrir juicios sin pruebas suficientes y todo ellos con los mismos recursos humanos y materiales.