​El fiscal de Angrois no descarta que se amplíe el número de acusados

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La reapertura por parte de la Audiencia provincial del proceso judicial que investiga el accidente de Angrois abre nuevas posibilidades, en un caso que hasta ahora descargaba responsabilidades sobre el maquinista.


El fiscal del caso, Antonio Roma, ha confirmado que no es "descartable ni confirmable" que se amplíe el número de acusados cuando finalice la instrucción. "Estamos en un momento de pericias que, por definición, tienen un resultado incierto: vamos a esperar", ha explicado, en una entrevista en Cadena Ser.


Eso sí, no se siente "enmendado" por esa decisión de la Audiencia, algo que, ha subrayado, "forma parte de la tramitación ordinaria de los procedimientos". De hecho, considera como algo "frecuente" que los criterios del fiscal no coincidan con los del instructor o con el de la propia audiencia.


Sí le parece "lógico" la declaración de caso complejo, ya que hay "muchas partes personadas" y, en consecuencia, mantiene que habrá que practicar "con mucha calma y criterio" las nuevas diligencias y las que se pueden derivar de esos informes periciales.


El fiscal no "percibe" que el auto de la Audiencia cuestione la seguridad de la vía. Para él, el tribunal define, por un lado, la investigación penal y, por otro, la seguridad ferroviaria. "El objetivo de la investigación es determinar la existencia de delitos, pero no podemos hacer una mejora en el futuro de la seguridad ferroviaria sin investigar si las circunstancias del accidente permiten afirmar la existencia de responsabilidades penales", ha subrayado.


"En la instrucción se han investigado ya muchos parámetros que tienen que ver con la vía, con el vehículo y con la relación entre los dos; muchos los ha descartado la Audiencia. Ahora hay que concluir aquello que ha pedido que se investigue", ha asegurado.


REAPERTURA DE LA CAUSA


La decisión de la Audiencia provincial de reabrir el caso responde a que los magistrados entienden que algunos de los informes periciales presentados durante la causa permiten sostener la existencia de indicios de que en la curva se producía un riesgo de accidente por error humano tan elevado que "de tener sido evaluado, habría impuesto su minoración o eliminación", de forma que se produjeron en la evaluación de riesgo "deficiencias técnicas que determinaron que se autorizase la circulación de trenes sin adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el riesgo de error humano".


Afirman que subsisten indicios de que el método aplicado por ADIF, tanto como pauta general como en el caso investigado, "presenta carencias que determinaron que no se apreciase el riesgo realmente existente y que se transfiriese o exportase al personal de Renfe sin evaluarlo".


La causa volverá ahora a la fase de diligencias previas, para que se ratifiquen y aclaren los informes periciales. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago deberá determinar si "existió y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral de riesgo de la líneaque tuviese en cuenta la situación de peligro existente en la curva donde se produjo el accidente".


También pide analizar la "corrección de la exportación de riesgos al maquinista o Renfe en los términos en los que fue efectuado", confirmando si "existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual", como expone el informe de uno de los peritos.


Volverá por tanto a analizarse una causa que hasta ahora descargaba responsabilidades sobre el maquinista, que se enfrentaba a una acusación del fiscal como supuesto autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grava profesional y 144 delitos de lesiones.


LAS VÍCTIMAS, ESPERANZADAS


La reapertura de la instrucción ha dejado satisfechas a las vícitmas, que ya se han declarado "esperanzadas", Tras conocerse la decisión el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha señalado que es la respuesta más "lógica", ya que consideran que existen "más responsables" en el siniestro además del maquinista, Francisco Garzón.


En concreto, los perjudicados por el descarrilamiento señalan a Adif, responsable de la vía, y a la operadora ferroviaria, Renfe, por decisiones que entienden que supusieron una merma de la seguridad en la línea Ourense-Santiago. Por ello, el cierre de la instrucción sin resolverse extremos que denuncian tanto los afectados como el abogado del maquinista habría sido, desde el punto de vista de Domínguez, "una vergüenza".


Pese a todo, el portavoz de las víctimas ha reconocido que no esperaban la noticia. Se reconoce "anonadado", pero interpreta que la decisión responde a que "la Audiencia se ha debido de leer los papeles" --la causa suma más de 25.000 folios--, algo que, en su opinión, "no hicieron ni el fiscal ni el juez".


Jesús Domínguez entiende que la reapertura de la instrucción es "un palo" tanto para el responsable del Ministerio Fiscal, Antonio Roma, como para el magistrado instructor, Andrés Lago, que retomó un caso que inicialmente llevó Luis Aláez.


Ha apuntado que las víctimas estudian si tomar algún tipo de determinación en relación con que sean este mismo fiscal y este mismo juez los que sigan a partir de ahora en la causa.

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