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Evidencias y valoraciones que a no pocos ciudadanos, preocupados por los ataques que recibe la democracia, nos conducen a que defendamos que el Fiscal General del Estado no debe dimitir, pues hacerlo sería darle la razón a aquellos (políticos, periodistas, magistrados) que están empeñados en un intento de golpe de estado judicial.

A Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de España, se le acusa de presuntamente haber favorecido irregularmente a empresas privadas mediante contratos con su consultora, Equipo Económico, antes y después de su etapa en el Gobierno. La Fiscalía investiga si Montoro utilizó información privilegiada o su influencia política para beneficiar a esta firma, que fundó antes de asumir el cargo ministerial.

El juez José Luis Deaño, miembro de la Sala de Gobierno del TSXG desde 2019, es el presidente en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura, uno de los colectivos que han convocado la huelga de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio en contra de las medidas que impulsa el Gobierno de España para, entre otras cosas, reformar la carrera judicial y la carrera fiscal. El magistrado atiende a Galiciapress para desgranar los motivos de esta convocatoria, el impacto de las medidas que propone el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y las consecuencias derivadas de congelar los juzgados durante tres días.

Bolaños pretende un sistema de becas y un ente público para que no solo los candidatos que tengan muchos medios económicos para pasarse años preparando las oposiciones puedan acceder a la carrera judicial. Algo que no gusta a la mayoría de colectivos de la Justicia, que hoy han convocado tres días de paro. Una movilización que llega en pleno enfrentamiento entre el Ejecutivo y algunos estamentos judiciales.

En la presunta trama de mordidas a cambio de puestos de trabajo en la limpieza de A Coruña -que ha provocado la detención de cuatro personas la pasada semana- y en la supuesta gemela en Ourense -que denunció la CIG ante la Fiscalía en 2020- hay dos sujetos que se repiten, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) y la gran empresa concesionaria de servicios públicos FCC. Por algún motivo, la empresa le habría cedido al sindicato la selección de parte del personal tanto en A Coruña como en Ourense.

 Pedro Sánchez ha reivindicado esta mañana la importancia de pagar impuestos para mantener el Estado de Bienestar

La secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda y el subdirector de Patrimonio son los dos cargos acusados de intentar coaccionar a dos ancianos residentes en un inmueble propiedad de la Xunta. En la información, adelantada por Faro de Vigo, se advierte que una de las afectadas vive en un hotel desde hace meses después de que le cortaran el servicio de ascensor. 

Jueces y fiscales concluyen con el paro de este martes las protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial,

Ignacio Gordillo, invitado por el PP a un acto como parte de su campaña, considera "una ofensa a las víctimas" derogar la pena.

Defiende que su papel ha ido evolucionando hacia adquirir carácter de "defensor del interés público o común".

En los nueve primeros meses de 2017 aumentaron las denuncias de violencia machista un 18,4% hasta 5.000 en la comunidad.

José María Romero de Tejada fue nombrado por la Fiscalía General del Estado, que recientemente perdió a su máximo responsable.

Ha insistido en que la sociedad radicada en Panamá que heredó de su padre "no supone ilegalidad ni irregularidad". 

Una información periodística revela que el cuestionado Manuel Moix heredó la sociedad que está declarada a Hacienda.

El ministro desvincula el mensaje de las investigaciones contra el expresidente madrileño, que tuvo un micrófono oculto en su despacho.

Aboga por "conocer con la mayor precisión el desarrollo de la normativa comunitaria vigente en su momento" y si implicaba un análisis integral

Este viernes habrá una concentración en el barrio de Telleiras para protestar contra la decisión del fiscal de calificar la muerte como homicidio y no asesinato. 

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales apunta que la mayoría son "amenazas veladas" y "sutiles". 

En su escrito de acusación, considera que el procesado "pretende presentarse más dañado de lo que realmente está", tras autolesionarse.