Imputados dos cargos de la Xunta por intentar desalojar a unos ancianos

La secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda y el subdirector de Patrimonio son los dos cargos acusados de intentar coaccionar a dos ancianos residentes en un inmueble propiedad de la Xunta. En la información, adelantada por Faro de Vigo, se advierte que una de la afectadas vive en un hotel desde hace meses después de que le cortaran el servicio de ascensor.

Fachada de la sede de la Xunta

Dos funcionarios de la Xunta, concretamente la secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda y el subdirector de Patrimonio, han sido imputados por un delito de coacciones por intentar desalojar a dos ancianos de su inmueble en el número 1 de la Avenida de la Habana, en el centro de la ciudad de As Burgas, por medio de prácticas intimidatorias. “Dejando de cumplir las obligaciones de la propiedad, intentaban presionar a los inquilinos para el desalojo" subraya Florentino Delgado, fiscal jefe de Ourense y al cargo del caso, que señala que era la administración pública la que “pretendía forzar y doblegar la voluntad” de los dos inquilinos de edad avanzada. En la noticia adelantada por Faro de Vigo se destaca que el propio fiscal advierte de no tener constancia de que el conselleiro de Facenda “hubiera conocido o amparado" estas prácticas.

"El estado del edificio a día de hoy se puede calificar de lamentable e insalubre, al haberse suprimido el servicio de limpieza y mantenimiento, no contando con ascensor ni tan siquiera portero automático", lamenta el fiscal jefe. Por su parte, la administración niega las acusaciones, dice que si se mantiene el servicio de limpieza y advierte que el ascensor será reparado próximamente. Además, la propia administración asegura que trató de alcanzar un “acuerdo amistoso” y que ofreció una indemnización a los dos inquilinos.

Esta situación ha llevado la mujer de 92 años, que llevaba 55 residiendo en esa casa, a vivir en un hotel porque sin el ascensor, averiado desde hace nueve meses, no puede subir las escalares que le separan de su piso en la cuarta planta. Aunque la Xunta dice que la mujer se había mostrado dispuesta a negociar, el abogado de la misma niega esa declaración, asegurando que ni hubo acercamiento para negociar y acusando a la administración gallega de pretender “un desahucio sin pagar indemnización y usando medios no lícitos”. “Lo grave es que sea una administración pública la que utilice este tipo de mecanismos para intentar expulsar a dos inquilinos. Que todo un fiscal jefe vea los mismos indicios que nosotros es bastante significativo”, señala el abogado. El otro afectado vive en la quinta planta.

La Xunta, propietaria del inmueble y que pretende utilizarlo para cuestiones administrativas, admite que aún no le consta la querella presentada por el fiscal, si bien se compromete “a colaborar con la justicia". Los usuarios del inmueble pagan una renta antigua de 25,26 y 74,97 euros respectivamente, y los dos imputados intentaron echar de sus viviendas a los afectados “inicialmente acudiendo a los resortes legales” algo que no funcionó, por lo que pasaron a utilizar “medidas de presión no legítimas” contra los ancianos.