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El fiscal jefe ferrolano apuesta por proteger a colectivos vulnerables
Defiende que su papel ha ido evolucionando hacia adquirir carácter de "defensor del interés público o común".
Miguel Armenteros, durante su discurso. Foto: @MartinaAneiros
El fiscal jefe del área de Ferrol, Miguel Armenteros León, ha destacado la evolución histórica del Ministerio Fiscal en una conferencia sobre la 'Dimensión Constitucional del Ministerio Fiscal', enmarcada en los actos para conmemorar el 39º aniversario de la Constitución. Entre otras cuestiones, ha reivindicado la independencia en un contexto de división de poderes y ha defendido intervenir para velar por colectivos vulnerables como menores y personas con discapacidad.
"El Ministerio Fiscal en España ha ido evolucionando, desde un representante del Rey para la defensa de los intereses patrimoniales, acumulando progresivamente funciones de promotor de la justicia en interés del monarca, hasta ir adquiriendo un carácter de defensor del interés público o común, que cada vez se compadecía menos con una vinculación directa el Rey o al Poder Ejecutivo", ha relatado.
El fiscal jefe del área de Ferrol ha aprovechado su disertación, ante políticos locales y representantes del tejido asociativo y vecinal, para asegurar que la Constitución de 1978 configura un Ministerio Fiscal "moderno, evolucionado, propio del Estado social y democrático de Derecho" .
Ha subrayado que en este marco rige el "principio de división de poderes", con un Ministerio Fiscal "que debe ver en la tutela de los intereses públicos y sociales su misión fundamental, actuando con autonomía y con independencia de otros poderes e instituciones".
MENORES Y DISCAPACITADOS
Previamente, Miguel Armenteros León también se ha referido a determinados integrantes de la sociedad, como menores o personas con discapacidad, donde ha justificado que "el Fiscal intervenga cuando está en juego los intereses de estas personas que necesitan una especial protección".
No en vano, ha subrayado que un sentir común y un consenso en torno a que estos colectivos, que pueden resultar más vulnerables, merecen un esfuerzo de toda la sociedad e instituciones para "su adecuada protección y tutela".
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