Golpe de Estado judicial

Por si aún quedasen dudas, un grupo de magistrados del Tribunal Supremo vinieron a eliminarlas: “el franquismo sigue vivo”. Así lo confirma la sentencia de la citada cámara que venimos de conocer y en la que se condena sin pruebas -¿Dónde queda la presunción de inocencia?- al Fiscal General del Estado al tiempo que se le de la razón a un presunto delincuente: “Que debemos condenar y condenamos a D. Alvaro Garcia Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Codigo Penitenciario, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil declarara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales”.

Estamos delante de una sentencia judicial que pasará la historia y hará crecer muy peligrosamente la ya importante desconfianza ciudadana en el funcionamiento del poder judicial, al tiempo que también crecerán las sospechas sobre qué intereses realmente defiende. Estamos también delante de un golpe muy duro a la democracia española y a sus fundamentos, ya que sienta un precedente muy peligroso -como había sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya de 2006 y como sucedió cuando este mismo tribunal intentó derribar la Ley de Amnistía en 2024- ya que viene a afirmar que, en contra de lo que reconoce la Constitución Española -Título III, Capítulo I- hay poderes que escapan al control popular y que están por encima de las Cámaras -Parlamento y Senado-, pudiendo llegar a tumbar leyes parlamentarias, e incluso gobiernos aunque estos sean legítimos. Y esto tiene un nombre: golpe de Estado. En este caso, golpe de Estado judicial como los que tuvieron lugar en Latinoamérica, mas concretamente en Brasil -contra Lula-, Bolivia -contra Morales-, Ecuador -contra Correa- y Honduras -contra Zelaya- como así nos lo asegura el ilustre magistrado (Jose Antonio) Martin Pallin. ¿Quién nos iba a decir que algunos magistrados querrían convertir a España en un Estado bananero?

Porque, no nos engañemos, detrás de esta insultante condena al Fiscal General del Estado, hay toda una operación de acoso y derribo de un gobierno legítimo (PSOE/Sumar). Una operación que se puso en marcha inmediatamente después de que triunfase la moción de censura presentada en su día por Pedro Sanchez -junio de 2018- y que ahora llegó a una de sus cimas con la sentencia contra lo Fiscal General del Estado. El siguiente objetivo será tumbar judicialmente al presidente de Gobierno, ya que por vía parlamentaria no lo consiguen.

Una condena que por sí no había sido suficientemente ingnominiosa e injusta cuenta con perlas como que el Fiscal General del Estado deberá pagar una indemnización -"por los daños morales"- a un presunto delincuente fiscal. ¿Cabe mayor ignominia? ¿Más grande recochineo a la Justicia? En esta línea de despropósitos no resulta menos significativo que el Tribunal Supremo haya adelantado el fallo para darlo a conocer precisamente un 20 de noviembre coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. ¿Qué mensaje quieren trasmitir estos magistrados del Tribunal Supremo con esta decisión de adelantar el fallo, incluso antes de que la sentencia sea redactada? Conviene también subrayar que la sorprendente rapidez con que se hace público el fallo -siete días después de la finalización del juicio- lleva a pensar que esta sentencia ya estaba redactada incluso antes de que se celebrase el juicio.
 

A la espera de conocer los argumentos que esgriman los cinco magistrados que votaron favorablemente la sentencia condenatoria, me atrevo a señalar que si muchos pensaban que Franco “estaba muerto y enterrado” mejor vayan pensando que pueden estar equivocados, porque, si bien es verdad que el dictador esta realmente muerto, su legado, el franquismo, ni está muerto ni mucho menos enterrado.

Para finalizar, quiero declarar que frente a estas ofensivas involucionistas de las cavernas, la ciudadanía debería movilizarse si quiere que no le roben una democracia y unas libertades que tanto costó conseguir.