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Xunta reserva plaza para Villares, el conselleiro acusado de agresión sexual, denuncia CIG y matiza la Administración
El ex-mandatario se ha incorporado a un puesto de trabajo en Viveiro de manera irregular, pues esa plaza debería haber salido a concurso, explican desde la central nacionalista.
La polémica vuelve a salpicar a la Xunta tras la denuncia del sindicato CIG contra el Gobierno gallego por reservarle un puesto de trabajo al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, pese a estar investigado por una presunta agresión sexual. El sindicato sostiene que la administración autonómica ha mantenido oculta una plaza de veterinario en el área de Mondoñedo, que Villares ocupaba de forma temporal, impidiendo que fuese ofertada en el concurso de traslados a funcionarios de carrera con más derecho sobre ella.
La CIG subraya que Villares no participó en el proceso de estabilización por lo que no tiene derecho a reserva de puesto al ser personal temporal y denuncia que esta actuación priva a otros trabajadores de la posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar.
En su opinión, Villares "leva máis de 20 anos ocupando sendo temporal unha praza de funcionario/a que permaneceu agochada pola Administración do PP da Xunta de Galiza e que non foi ofertada a persoal veterinario funcionario de carreira que ten máis dereito sobre ela. Estivo así, oculta e gardada para el, mentres tivo responsabilidades políticas, antes en Ribadeo e agora, para achegarse máis a súa casa, en Viveiro".
Consultada por Galiciapress, la Xunta no comparte este punto de vista. "Alfonso Villares é persoal laboral indefinido non fixo da Xunta de Galicia. Ao ser nomeado conselleiro pasou á situación administrativa de excedencia forzosa para cargo público. Ao cesar como conselleiro incorporouse ao posto que tiña reservado, tal e como establece a normativa de aplicación", explican desde San Caetano.
Investigación judicial y denuncia por agresión sexual
La denuncia contra Alfonso Villares fue presentada en enero por la presentadora de televisión Paloma Lago, quien le acusa de una presunta agresión sexual ocurrida en Ferrol a finales de diciembre. El caso fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que notificó al exconselleiro la apertura de diligencias.
Tras conocerse su condición de investigado, Villares dimitió en junio de 2025 para, dijo, defenderse sin aforamiento, pasando la causa al Juzgado de Instrucción Número 2 de Ferrol. La investigación judicial sigue en curso, sin que por el momento se haya dictado resolución definitiva. Villares declaró en comisaría pero por ahora todavía no en el juzgado.
Críticas a la Xunta por su gestión y apoyo al exconselleiro
La reacción de la Xunta al conocerse la denuncia generó una ola de críticas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, admitió que conocía la existencia de la denuncia desde febrero, pero no tomó medidas hasta que el caso trascendió públicamente y la justicia formalizó la investigación. Tanto Rueda como otros altos cargos del Gobierno gallego, incluidos responsables de Igualdade y de Lucha contra la Violencia de Género, defendieron la gestión de Villares y justificaron su dimisión solo cuando fue oficialmente investigado.
Esta postura fue duramente cuestionada por la oposición y colectivos sociales, que acusaron a la Xunta de falta de transparencia y de cerrar filas en torno al exconselleiro pese a la gravedad de los hechos. Rueda despidió a Villares con un abrazo.
La CIG exige transparencia y el fin de los privilegios
El sindicato CIG reclama que la plaza ocupada por Villares se incorpore al concurso de traslados y denuncia que la administración gallega ha protegido al exconselleiro, manteniendo el puesto "guardado" para él durante más de 20 años como personal temporal.
La central sindical cuestiona que se le permita reincorporarse a la administración sin haber superado los procesos selectivos y exige igualdad de trato para todos los empleados públicos, especialmente en un caso marcado por una investigación judicial por agresión sexual.
"Ser político do Partido Popular da dereito a ter un posto de traballo na administración pública
aínda que non superes os procesos selectivos?" se pregunta CIG, el sindicato con más peso en la administración de la Xunta, antes de cuestionarse si esta es el tipo de regeneración democrática que prometen desde el Partido Popular. La Xunta no ha contestado por ahora a estas acusaciones.
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