Rueda promete duplicar la vivienda pública tras más de 15 años por los suelos

La líder del BNG, Ana Pontón, ha sido la primera en abrir fuego político al acusar a Rueda de responder a la crisis de acceso a la vivienda con “ocurrencias como la de comprar bajos” para transformarlos en pisos de alquiler social. La dirigente nacionalista ha cuestionado si el Ejecutivo autonómico impulsa esta medida “pensando en los propietarios de locales vacíos que no quiere nadie” o en las necesidades de los gallegos que no pueden permitirse un hogar. En un tono crítico, ha desafiado al presidente gallego a confirmar si él mismo “viviría en uno de esos bajos reconvertidos”, exigiéndole mayor planificación y una política de vivienda «seria y ambiciosa».

Pontón ha aprovechado su intervención para presentar una batería de propuestas del BNG en materia de vivienda, en la que su grupo aboga por aumentar la inversión pública, facilitar el acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario y frenar la especulación. Según la líder del Bloque, Galicia necesita “una política pública real, no experimentos”, y una mayor implicación del Gobierno gallego en la construcción y rehabilitación de viviendas asequibles.

El presidente Alfonso Rueda ha respondido con firmeza. Ha recordado que la Xunta mantiene su compromiso de duplicar el parque público de vivienda hasta las 8.000 unidades en esta legislatura. En su defensa, ha subrayado que la “principal diferencia” entre el Partido Popular y la oposición es que “la Xunta tiene presupuestos y hace vivienda”, en contraste con los partidos que “solo se dedican a protestar sin gestionar”.

El presidente gallego ha aprovechado la sesión para llevar el tira y afloja al terreno estatal, criticando abiertamente la gestión del Gobierno central. En alusión directa al Ejecutivo de coalición, ha afirmado que en Madrid “ponen las peleas en el Ministerio de Vivienda, ponen telefonistas para atender a la gente, porque viviendas no hacen ni una”. Rueda ha reprochado tanto a PSOE como a Sumar que sean “especialistas en pancartas y en tensión, no en resultados”.

Con su intervención, el mandatario gallego no solo buscó defender la política de vivienda de la Xunta, sino también diferenciar su gestión de la del Gobierno de España, en medio de los desencuentros entre los socios de la coalición estatal en torno al Ministerio de Vivienda. Rueda calificó las críticas de la oposición gallega como “pura demagogia” y recordó que “los fondos están en ejecución y se completarán al cien por cien cuando se cierre el plazo previsto”.

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también se mostró muy crítico con la gestión de la Xunta, denunciando la “baja ejecución” de los fondos destinados a vivienda y una falta de esfuerzo real para atender las necesidades de las familias gallegas. Besteiro señaló que, frente a los anuncios y promesas, “la realidad es que faltan resultados concretos” y que muchas personas en Galicia siguen encontrando enormes dificultades para acceder a una vivienda digna.

Rueda replicó que esas acusaciones “no se corresponden con la realidad” y defendió que el ritmo de gasto en materia de vivienda “se acelera cuando comienzan las obras de construcción”. Además, anunció que las primeras viviendas del nuevo programa se ubicarán en Pontevedra, poniendo como ejemplo el avance de varias promociones impulsadas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). También recordó que la Xunta tendrá prioridad para adquirir cualquier piso de protección autonómica o de promoción pública que salga al mercado, una medida con la que pretende reforzar el parque público y evitar la pérdida de vivienda protegida. En Galicia se calificaron 129  viviendas como protegidas en el 2023.

El debate en la Cámara autonómica dejó en evidencia las diferencias de enfoque entre los tres principales grupos. Para el BNG, la estrategia de Rueda se sostiene en decisiones improvisadas y medidas de corto alcance, mientras que los socialistas reclamaron una planificación con más recursos y garantías de ejecución. El PPdeG, por su parte, defendió que las actuaciones de la Xunta son tangibles y medibles, con proyectos en marcha y presupuestos aprobados.

La oposición coincidió, sin embargo, en reclamar más transparencia y un mayor control del gasto, al tiempo que pidió a la Xunta cambios normativos para incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas en zonas rurales y periurbanas, donde el problema del acceso a vivienda asequible es cada vez más grave por la falta de oferta.

Al término de la sesión, quedó claro que la vivienda se consolida como uno de los ejes centrales del debate político en Galicia, en un contexto de creciente dificultad para adquirir o alquilar un inmueble, especialmente en áreas metropolitanas como A Coruña, Vigo o Santiago. Mientras el Gobierno gallego insiste en su estrategia de reforzar la oferta pública y mantener el control presupuestario, la oposición exige políticas más ambiciosas y estructurales que respondan al problema de fondo: el encarecimiento del mercado y la falta de vivienda disponible.

Rueda, decidido a mantener la iniciativa, cerró su intervención con un mensaje de confianza: la Xunta, dijo, “no solo planifica, sino que ejecuta”, reafirmando así su compromiso de aumentar la vivienda pública en Galicia en esta legislatura, pese a las críticas que, como se evidenció en el hemiciclo, seguirán marcando el pulso político en los próximos meses.