Tenso Consejo de Política Fiscal: Galicia rechaza el nuevo modelo de financiación que solo acepta Cataluña

Incluso los barones autonómicos del PSOE han rechazado la propuesta pactada entre Pedro Sánchez y ERC. Galicia es una de las más beneficiadas en el modelo vigente pero pasaría a ser una de las más perjudicadas.


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El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF)
El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF)


El Ejecutivo gallego, junto a la práctica totalidad de comunidades autónomas, ha expresado su rechazo al nuevo sistema de financiación autonómica impulsado por el Ministerio de Hacienda. Solo Cataluña lo respalda. según ha resultado evidente hoy en la reunión en Madrid.

 

Desde Santiago el presidente Alfonso Rueda ya advertía que el modelo nace “viciado” por el pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, mientras el PSdeG y el BNG reclaman diálogo y una revisión federal del sistema.

 

Galicia, “en la cola” del reparto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado contra la propuesta de financiación presentada este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). S

 

egún Rueda, el sistema “coloca a Galicia en la cola”, al considerar que el reparto “hará que recibamos todavía menos de lo que aportamos”.

 

Desde un acto en Dumbría (A Coruña), el titular de la Xunta censuró que el proyecto fue diseñado en “reuniones secretas” entre Sánchez y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, “sin contar con el resto de comunidades autónomas”. A su juicio, “todo estaba dirigido a beneficiar una sola comunidad”, en alusión a Cataluña, “a costa de detraer recursos de las demás”.

 

El mandatario gallego subrayó que Galicia mantiene “el mismo posicionamiento” que presidentes autonómicos socialistas como los de Asturias y Castilla-La Mancha, e incluso que el candidato del PSOE en Castilla y León. Por ello, considera “increíble” que el PSdeG “defienda la propuesta del Gobierno central” mientras “todos los demás la califican de disparate”.

 

Críticas del conselleiro de Facenda

El enviado gallego al encuentro en Madrid, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, fue el primero en intervenir en el encuentro del CPFF, donde expresó la “profunda decepción” de Galicia con el modelo. Lo calificó de “funesto”, al entender que no satisface a ninguna comunidad salvo Cataluña. “Pensamos que, como responsables de Hacienda, merecíamos tener acceso a los datos detallados del cálculo”, reprochó Corgos al término de la reunión.

El conselleiro denunció además que el Ministerio no aportó nuevas cifras ni metodología más allá de lo anticipado en rueda de prensa por Montero días antes. Según Corgos, el anuncio se parece más “a un saldo generalizado que a un compromiso real con la equidad”. Añadió que el Gobierno “no tiene un modelo sólido o no quiere enseñarlo”, y que posponer su presentación “durante un año” resulta “intolerable”.

 

El Ejecutivo gallego advierte además de que la nueva fórmula podría “penalizar” a los territorios con mayor envejecimiento y dispersión poblacional, parámetros especialmente sensibles para Galicia, donde el 26% de la población supera los 65 años.

 

 

 

 

Respuesta del PSdeG: más diálogo y menos reproches

Desde la oposición, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusa a la Xunta y al PP de “carecer de modelo propio” y de limitarse “a decir no” sin proponer alternativas. En declaraciones tras un pleno de la Diputación de Lugo, Besteiro recordó que la Xunta reclamaba hace dos meses “500 millones adicionales para reforzar los servicios públicos” y que la propuesta estatal “supera esa cifra, además de ofrecer una condonación parcial de deuda”.

 

El dirigente socialista defiende la idea de una reforma federal de la financiación autonómica, que mejore la autonomía fiscal y la solidaridad entre comunidades. “Hay una oferta de mejora. Lo responsable es sentarse a negociarla, no bloquearla con una estrategia partidista”, insistió.

Asimismo, el PSdeG advierte de que el actual sistema, heredado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, expiró hace más de una década sin una revisión global, lo que hace “urgente” un nuevo marco que garantice suficiencia financiera para los servicios públicos.

 

 

 

 

El BNG exige una financiación justa y propia para Galicia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) también ha manifestado su desconfianza respecto al modelo negociado por el Ejecutivo central y ha reclamado una revisión integral del sistema desde una perspectiva gallega. La formación que lidera Ana Pontón considera que el debate de fondo “no puede limitarse a la confrontación entre PP y PSOE”, sino que debe centrarse en dotar a Galicia de una capacidad financiera equivalente a sus competencias reales.

 

Desde el BNG se subraya que Galicia “no puede quedar atada a un modelo estatal que se diseña en clave de equilibrio entre comunidades más ricas y más pobladas”, y se aboga por un esquema que tenga en cuenta la dispersión territorial, el envejecimiento y el infrafinanciamiento histórico del rural. El partido nacionalista ha reiterado su demanda de un concierto económico gallego, comparable al vasco o navarro, que permita a la comunidad “recaudar y gestionar sus propios recursos”.

 

El Bloque insiste, además, en que cualquier reforma debe ir acompañada de un pacto político amplio y transparente, “sin acuerdos bilaterales ni privilegios territoriales”.

 

 

 

Desacuerdo generalizado entre comunidades

La nueva propuesta de financiación fue rechazada por todas las comunidades autónomas presentes en el CPFF excepto Cataluña. Desde gobiernos del PP hasta ejecutivos socialistas como los de Castilla-La Mancha o Asturias coincidieron en señalar que el texto “nace viciado” por la bilateralidad con ERC.

 

El consejero de Hacienda de Murcia calificó la postura del Ministerio como “intransigente y poco transparente”, recordando que “más del 95% de las comunidades” mostraron su rechazo frontal. También desde Madrid, la consejera Rocío Albert exigió un debate “multilateral y con datos objetivos”, y no un modelo “precocinado al gusto de un solo interlocutor”.

 

Fuentes del Ministerio de Hacienda evitaron pronunciarse sobre las críticas, aunque Montero reiteró días atrás que el objetivo del Gobierno es lograr un acuerdo “justo y equitativo” antes de 2027, priorizando la suficiencia financiera y los principios de solidaridad interterritorial.

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