Crisis en el grupo provincial del PSOE de Pontevedra: rompen la disciplina de voto en el pleno de la Diputación
La segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria, con casi 37 millones de euros para 57 proyectos en municipios pequeños, desata una crisis interna en el grupo socialista que el PP aprovecha para cuestionar la cohesión del partido en la provincia
La aprobación de la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria (Plan Extra) de la Diputación de Pontevedra se ha saldado este viernes con una imagen poco habitual en los plenos institucionales: el grupo socialista votó en dos direcciones distintas. Seis de sus diputados se abstuvieron, mientras que tres votaron a favor. Un episodio de fractura interna que ha encendido el debate político en la provincia y que el Partido Popular no ha tardado en capitalizar.
El paquete de inversiones aprobado moviliza casi 37 millones de euros para financiar 57 proyectos estratégicos en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Se trata de la segunda edición de un plan que en su primera convocatoria ya fue ampliado hasta los 38 millones de euros, tras una modificación presupuestaria aprobada por unanimidad en el pleno de marzo de 2025. En aquella ocasión, PP, POE y BNG respaldaron la ampliación de crédito con cargo a remanentes que permitió financiar los proyectos de los 59 ayuntamientos que cumplían los requisitos.
Esta vez, la sesión plenaria ha dejado fuera dos iniciativas municipales. El proyecto de Cambados fue descartado por no alcanzar el presupuesto mínimo exigido en las bases de la convocatoria, mientras que la propuesta de Vilagarcía de Arousa no subsanó en plazo varios requerimientos de carácter técnico. Ninguno de los dos ayuntamientos se ha pronunciado públicamente sobre su exclusión.
La fractura socialista
La portavoz del grupo provincial socialista, Laura Iglesias, salió a explicar la posición de su grupo y defendió que la división de voto responde a una lógica de coherencia interna. Según trasladó, el PSOE decidió otorgar libertad de voto a sus diputados, de modo que quienes ejercen también la alcaldía y habían logrado financiación para sus municipios pudieron expresar su apoyo al plan. Los que se abstuvieron, en cambio, trasladaron así su discrepancia con la actitud del presidente de la Diputación, Luis López, a quien acusaron de actuar con un sesgo partidista en la gestión de la institución.
Los tres votos socialistas a favor correspondieron, según apuntó el PP, a los alcaldes de Gondomar y Redondela, así como al exregidor de Baiona, Carlos Gómez Prado, que actualmente ocupa un escaño en la oposición. Este detalle matiza la versión de que solo los alcaldes con subvención aprobada respaldaron el plan, ya que Gómez Prado no ostenta cargo ejecutivo municipal en la actualidad.
El PSOE sostiene que su posición es de apoyo al fondo en términos generales, pero que la abstención de una parte del grupo expresa una crítica a la forma en que el PP de Luis López gestiona la Diputación. La formación considera que el Plan Extra es, en gran medida, una reedición de iniciativas impulsadas durante el mandato anterior. La portavoz socialista en la corporación Digna Rivas ya calificó en su día el plan como una "copia" de las acciones puestas en marcha por el gobierno anterior presidido por Carmela Silva.
La ofensiva del PP
El Grupo Provincial del PP interpretó lo ocurrido como una señal de debilidad estructural del PSOE en la provincia. En un comunicado, los populares afirmaron que la ruptura del voto socialista evidencia lo que denominaron el hundimiento del proyecto del partido en Pontevedra, y cuestionaron si esa fractura podría llegar a afectar a la estabilidad de los gobiernos municipales que el PSOE dirige en la provincia.
Los populares recordaron que quince alcaldes socialistas de municipios como Silleda, Tui, Redondela, A Cañiza, Nigrán, Rodeiro, O Grove, Vilaboa, Ponte Caldelas, Caldas de Reis, Cuntis, Fornelos de Montes, Meis, Gondomar y A Illa de Arousa habían solicitado financiación al amparo de esta convocatoria. Desde su punto de vista, la abstención de parte del grupo socialista supone dar la espalda a los fondos pedidos por los propios alcaldes del partido, una contradicción que tacharon de absoluta incoherencia.
El PP también aprovechó la ocasión para reivindicar su gestión al frente de la institución provincial. El portavoz popular en la corporación, Jorge Cubela, ha subrayado en varias ocasiones que el Plan Extra es una muestra del municipalismo que caracteriza al gobierno de la Diputación y ha destacado su efecto tractor sobre la economía pontevedresa. Frente a la división socialista, el partido gobernante se presentó como garante de un proyecto cohesionado para los 61 ayuntamientos de la provincia.
Contexto de un plan en expansión
El Plan Extra nació como una herramienta complementaria a los planes ordinarios de la Diputación, orientada a financiar inversiones de carácter estratégico que los municipios pequeños tienen dificultades para afrontar por sus propios medios. El presidente Luis López ha destacado que, sumando la aportación provincial a la cofinanciación municipal, el volumen total de recursos movilizados supera los 60 millones de euros.
El BNG, por su parte, ha mantenido una posición crítica con el diseño del plan. El portavoz nacionalista César Mosquera señaló que la imagen que proyecta el PP sobre el Plan Extra es una distorsión de la realidad y que algunos de los proyectos presentados por los ayuntamientos eran francamente deficientes, al no estar suficientemente trabajados en el momento de su presentación.
La jornada de este viernes deja, en todo caso, una imagen política que trasciende los 37 millones en juego: la de un PSOE provincial que no habla con una sola voz en uno de los debates económicos más relevantes para los municipios rurales de Pontevedra, y la de un PP que, con mayoría en la Diputación, aprovecha cada oportunidad para proyectar unidad frente a las fisuras del principal partido de la oposición.
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