El BNG sobre la futura ley de administración local de Galicia: "No resolverá los problemas de los ayuntamientos"

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, había cifrado sus expectativas en que la nueva ley de administración local de Galicia estuviera totalmente aprobada a lo largo de este año, tras su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el anteproyecto presentado en febrero por el Ejecutivo de Alfonso Rueda ha generado un profundo rechazo en la oposición. El BNG, por boca de su portavoz de Administración Local en el Parlamento, el diputado Óscar Insua, ha calificado el texto de "decepcionante" y ha asegurado que no estará a la altura de las necesidades reales de los municipios gallegos.

La denuncia del BNG llega después de que el Consello de la Xunta autorizara el pasado 2 de febrero el inicio del trámite de audiencia e información pública del anteproyecto. El presidente Rueda defendió que el objetivo del texto es adaptar la normativa local a los cambios legislativos, tecnológicos y sociales de las últimas décadas, y el conselleiro Calvo llegó a afirmar que Galicia sería la primera comunidad en abordar de forma integral en una única norma una reforma de todas las dimensiones de la Administración local contemporánea. 

Insua, en cambio, considera que el anteproyecto va exactamente en sentido contrario. Según el diputado nacionalista, el texto está elaborado con un "espíritu recentralizador, españolista y continuista" y no servirá para resolver los dos grandes problemas que arrastran los concellos gallegos como es la falta de claridad en las competencias y la crónica insuficiencia de financiación.

Una apuesta por las diputaciones a costa de las entidades locales propias

El debate sobre el modelo territorial es uno de los núcleos más calientes del anteproyecto. El borrador diseñado por el Gobierno de Rueda apuesta por reforzar el papel de las diputaciones provinciales, cuyas competencias propias clarifica, mientras relega figuras como las comarcas y las parroquias al considerar que carecen de sentido en términos de organización territorial. Esta orientación ha sido bien recibida dentro del PP: el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, valoró positivamente que el anteproyecto suponga una apuesta clara por las diputaciones y una simplificación de sus competencias, aunque también reclamó que cualquier ampliación de funciones viniera acompañada de más recursos.

Para el BNG, sin embargo, esta arquitectura institucional resulta inaceptable. Insua ha advertido de que el PP pretende eliminar las entidades locales propias de Galicia reconocidas en el Estatuto de autonomía —comarcas y parroquias— mientras potencia las diputaciones como "salvavidas" de los ayuntamientos. El diputado nacionalista recuerda además que las diputaciones mantienen un déficit de legitimidad democrática al no contar con un sistema de elección directa de sus miembros.

Insua también ha acusado al presidente Rueda de anteponer los intereses del centralismo uniformador a los de los concellos gallegos y de seguir la estela de las últimas reformas de la normativa local española, que, en su opinión, homogeneizan tanto la estructura territorial como las competencias municipales, en lugar de adaptarlas a la realidad de Galicia.

Autonomía local amenazada

Uno de los puntos más polémicos del anteproyecto afecta a la gestión de los servicios mínimos. Según Insua, cuando un municipio no tenga capacidad para prestar un servicio básico, la Xunta lo resolverá trasladando esa responsabilidad a la Diputación correspondiente, lo que, a su juicio, equivale a "usurpar" la autonomía local del ayuntamiento afectado. Esta lógica, denuncia el BNG, consolidará la dependencia municipal en lugar de reforzar la capacidad de los concellos para autogobernarse.

El socialista José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, también ha mostrado su rechazo al anteproyecto, aunque desde un ángulo distinto. Besteiro acusó a Rueda de "saquear a los ayuntamientos para tapar su incompetencia" y advirtió de que muchos concellos se encuentran al borde de la quiebra, ante lo que calificó de una asfixia deliberada basada en el incremento de competencias impropias sin aportar financiación adicional. El PSdeG ha anunciado que actuará tanto política como judicialmente en defensa de los municipios. Los socialistas acordaron en su Comité Nacional presentar demandas judiciales, en concreto por la infrafinanciación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

La infrafinanciación del SAF es precisamente otra de las banderas del BNG. Insua ya había denunciado meses atrás en el Parlamento que la oferta de la Xunta para financiar este servicio de atención en el hogar era, en sus palabras, "impresentable", al proponer una subida mínima cuando los precios reales del mercado se sitúan muy por encima de lo que la Xunta estaba dispuesta a abonar.

20 millones que no desahogan a nadie

En el capítulo financiero, el anteproyecto prevé un incremento de 20 millones de euros en los fondos destinados a los ayuntamientos. La Xunta garantizará una financiación mínima de 100.000 euros a cada concello con independencia de su población, con un sistema de reparto que otorga a la población un peso del 40% y tiene en cuenta factores como la dispersión, el envejecimiento o el reto demográfico. Sin embargo, para Insua, estas cifras son claramente insuficientes y no servirán para aliviar las economías municipales.

El portavoz del BNG sostiene que la norma no resolverá tampoco los problemas en los servicios básicos más cercanos a la ciudadanía, como el propio SAF o la recogida de basura. Sin dinero adicional real para los ayuntamientos, advierte, poco podrá mejorar la calidad de las prestaciones que los concellos ofrecen a sus vecinos. La Xunta, por su parte, defiende que la capacidad de la administración autonómica en materia de financiación local es limitada y que corresponde al Gobierno central asumir un papel más activo. Rueda y Calvo incidieron en que la capacidad de la Xunta respecto a la financiación local es limitada, dado que corresponde al Gobierno central actuar en este ámbito. 

El texto del anteproyecto permanecerá en tramitación antes de su envío al Parlamento gallego, previsto para el segundo trimestre de este año, donde previsiblemente se intensificará el debate entre el PP y una oposición que, tanto desde el nacionalismo como desde el socialismo, ya ha dejado claro que exigirá cambios sustanciales.