¿Habría salvado un botón del pánico a la trabajadora del SAF asesinada en O Porriño?

El asesinato, presuntamente perpetrado por el marido de una usuaria mientras la víctima, Teresa, cumplía con su jornada, ha puesto en evidencia la enorme vulnerabilidad de quienes prestan estos servicios en la comunidad. Según relatan los sindicatos, la trabajadora ya había denunciado episodios de acoso sexual en ese domicilio y estaba decidido dejar de acudir al mismo, pero a pesar de su advertencia y el conocimiento de la situación por parte del comité de empresa, la empresa adjudicataria la obligó a acudir sin activar ningún tipo de protocolo de seguridad.
 

Desde la CUT, se acusa directamente a la administración de haber abandonado a las trabajadoras del SAF al priorizar criterios económicos en la adjudicación del servicio y dejarlo en manos de empresas que, según denuncian, operan sin supervisión suficiente. El sindicato critica la privatización de los cuidados y denuncia que las trabajadoras están expuestas a agresiones, enfermedades contagiosas y conflictos graves sin ninguna protección institucional.

El sector de la atención domiciliaria, mayoritariamente privatizado y considerado "precarizado" por las organizaciones sindicales, no cuenta con protocolos adecuados frente a riesgos graves para la integridad de sus trabajadoras. La CNT denuncia la inexistencia de medidas cautelares eficaces, y apunta directamente tanto a las empresas concesionarias del servicio como a las administraciones locales, responsables de la gestión y supervisión de estos servicios, por ignorar las alertas reiteradas y no disponer de un plan actualizado de prevención de riesgos laborales. 

Por su parte, el sindicato CIG demanda paralizar el servicio público. No debe empezar de funcionar hasta que la seguridad está garantizada. La responsable de la CIG en Porriño, Mercedes Domínguez, se quejó de que la denuncia de la trabajadora no valió porque "sempre" prevalece la continuidad de la prestación. Domínguez reclama que la Xunta regule protocolos para interrumpirlo cuando haya quejas del calibre de las presentadas por la proletaria fallecia. 

Implementar un botón del pánico: ¿cómo funcionaría en el SAF?

En contextos de trabajo ambulante, como el que caracteriza al servicio de ayuda a domicilio, la implantación de un botón del pánico presenta retos logísticos pero también resultados probados en otros colectivos. Este dispositivo, similar a los que ya se usan en teleasistencia para personas mayores o en centros de salud gallegos mediante aplicaciones móviles y ordenadores, permite que la trabajadora emita una alerta silenciosa, geolocalizada y prioritaria, activando de forma inmediata los protocolos de seguridad y auxiliando a la profesional ante un riesgo evidente.
 

 Una vez activado, el sistema puede alertar a una central receptora, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y activar la suspensión automática del servicio, evitando así que la trabajadora deba afrontar sola una situación peligrosa. El reto en el caso del SAF es que el trabajo no se realiza en una única ubicación, sino en múltiples domicilios, por lo que la movilidad y portabilidad del dispositivo es fundamental para su efectividad.

El SAF gallego, entre la precariedad y la exigencia de garantías

Las denuncias de los sindicatos apuntan a una precarización estructural en el sector del SAF gallego. Parte del problema es económico. Los ayuntamientos, que tienen la obligación de prestar este servicio público, llevan lustros alertando que no tienen dinero suficiente para financiarlo en condiciones ante la falta de apoyo de Xunt ay Estado. La consecuencia es que la clave en las adjudicaciones tiende ser la oferta más barata siempre, lo que puede facilitar la precariedad entre los trabajadores.

Los sindicatos, señalan que los cambios de domicilios se comunican a menudo solamente de manera informal entre compañeras y con escasa información sobre la realidad de los usuarios, que se multiplica la exposición a situaciones de riesgo —desde enfermedades contagiosas a amenazas, abusos o agresiones— y que las administraciones tienden a ignorar la problemática, centrándose sólo en cumplir cuotas de horas y servicios.

En el caso de Teresa, la falta de reacción ante sus advertencias de peligro ha puesto en tela de juicio los protocolos actuales e incluso la propia definición del servicio. Los sindicatos exigen que el botón del pánico no solo permita la activación de ayuda inmediata, sino que conlleve la suspensión automática del servicio para que la trabajadora no deba compensar con su propio esfuerzo y riesgo las carencias de las empresas o de la organización. 

Mientras tanto, ni las empresas adjudicatarias ni el propio Concello de O Porriño han hecho declaraciones públicas tras el trágico suceso, limitándose a lo que los sindicatos califican de "silencio administrativo".