Colexio de Psicoloxía: La salud mental es clave para los derechos humanos y está lastrada por las listas de espera
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Colegio Oficial de Psicología de Galicia (COPG) subraya la necesidad de garantizar una atención adecuada en salud mental como pilar fundamental para proteger la dignidad y los derechos de las personas. Con casi 4.000 psicólogos colegiados, la entidad destaca la conexión intrínseca entre el bienestar psicológico y los derechos fundamentales. La entidad apunta a que las listas de espera -más de un trimestre en algunas áreas del SERGAS- merman el derecho a la salud mental.
La creciente visibilidad de problemas como la depresión, la ansiedad o el estrés ha llevado a una mayor concienciación social. Sin embargo, el acceso a profesionales en el sistema público de salud sigue siendo limitado. Según el COPG, las largas listas de espera para atención psicológica reflejan una carencia estructural que no se ha resuelto a pesar de los avances en la percepción social de la salud mental.
Los últimos datos sobre las listas de espera para atención psicológica en el SERGAS revelan una situación preocupante. En toda la comunidad autónoma, los tiempos de espera para la primera consulta con un psicólogo clínico pueden llegar hasta un año, mientras que para la segunda consulta pueden transcurrir hasta seis meses.
La situación es particularmente grave en el área sanitaria de Vigo, donde se concentra el 30% de los pacientes en lista de espera para psiquiatría, a pesar de que esta área solo representa el 20% de la población gallega. En Vigo, hay 3.171 personas esperando una primera valoración de salud mental, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El tiempo medio de espera en esta área es de 113 días, casi cuatro meses, lo que supone más del doble que hace un año. . Además, en Vigo, 741 personas llevan más de seis meses aguardando su primera cita, lo que representa el 90% de las largas esperas en toda Galicia.
El Colexio insiste en que aunque la conversación sobre salud mental ha dejado de ser un tabú en muchos entornos, y términos antes marginales ahora forman parte del discurso público, la accesibilidad a los servicios sigue siendo un desafío. En su opinión, la falta de recursos en el sistema sanitario gallego dificulta la atención temprana y agrava el sufrimiento de quienes enfrentan problemas emocionales graves.
El Colegio también enfatiza que el vínculo entre la salud mental y los derechos humanos debe ser central en el debate. Situaciones de desigualdad, pobreza o exclusión social en la comunidad gallega aumentan la vulnerabilidad psicológica de ciertos colectivos, como mujeres víctimas de violencia, personas en desempleo o mayores en situación de dependencia.
Un cambio en la percepción, pero no en los recursos
La inclusión por primera vez de un apartado específico sobre salud mental en el Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este año refleja el creciente interés por esta temática. Sin embargo, desde el COPG insisten en que el cambio de percepción no ha venido acompañado de suficientes medidas para garantizar el acceso a la atención psicológica.
La organización apuesta por un enfoque integral que combine prevención, tratamiento y reflexión colectiva. Solo así, argumentan, se pueden abordar no solo las consecuencias inmediatas de los problemas psicológicos, sino también las causas estructurales que los originan, como la falta de recursos comunitarios o el impacto de las dinámicas sociales y económicas.
El COPG recuerda que, aunque las vulneraciones graves de los derechos humanos suelen asociarse a contextos extremos, como guerras o crisis humanitarias, también están presentes en el entorno local. En Galicia, la inequidad en el acceso a servicios básicos y la precariedad en ciertos colectivos -como inmigrantes o personas mayores - representan amenazas constantes a la dignidad.
Para el COPG, defender los derechos humanos pasa por garantizar un sistema sanitario que responda a las necesidades psicológicas de la población. Con una apuesta clara por la prevención y la intervención profesional, la entidad llama a las instituciones a asumir su responsabilidad en este ámbito. "Sin una atención psicológica accesible y de calidad, difícilmente podemos hablar de derechos humanos plenos", concluyen.
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