Falso médico en el SERGAS de Vigo y Adeslas Pontevedra, condenado por intrusismo

El Juzgado de Instrucción número 2 de la capital del Lérez ha dictado una sentencia por conformidad que lo halla culpable de delitos de falsedad en documento oficial e intrusismo y usurpación de funciones profesionales. La noticia, revelada esta mañana por Faro vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de los controles de contratación sanitaria y la trayectoria de una figura pública ya polémica en el ámbito vigués. 

La resolución judicia establece como hechos probados que Alborés logró engañar a las autoridades estatales de España al solicitar y obtener la homologación de varios supuestos títulos académicos y profesionales. En concreto, el condenado presentó ante el Ministerio de Sanidad y el de Universidades la documentación de un supuesto título de médico cirujano que, según sus papeles, habría sido expedido en agosto de 2020 por la Universidad Central de Venezuela. 

También solicitó y consiguió la convalidación de un título de supuesta especialidad en Medicina Interna general, que figuraba como otorgado por la Confederación de médicos suizos en Berna en noviembre de 2023. El fallo es taxativo al señalar que los tres títulos presentados —incluyendo uno de Graduado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) de junio de 2020— eran "totalmente inauténticos", pues el condenado "nunca llevó a cabo estudios de Medicina".

Llama la atención que entre los denunciantes no esté la Xunta, pese a que trabajó para el SERGAS. Sí lo denunciaron USC, Ministerio y Fiscalía. Hay que tener en cuenta que la falta de sanitarios ha llevado al SERGAS y otros empleadores a recurrir a profesionales foráneos, lo que ha suscitado críticas de algunos colegios médicos. 

 Una vez con los documentos supuestamente validados por el Ministerio, Alborés se presentó ante el Colegio de Médicos de Pontevedra, que le concedió la colegiación en febrero de 2023 tras verificar la documentación con el Ministerio, siguiendo su procedimiento habitual. El Colegio informa que el falso médico estuvo colegiado dos años antes de darse de baja. Amparado en esta acreditación, Alborés se promocionó como médico en diversas plataformas online y fue contratado por el Área Sanitaria de Vigo.

En octubre de 2024 fue excluído de las listas de contratación para médico de familia de atención primaria, según figura en la propia web del SERGAS, y también de urgencias, departamento en el que acabaría trabajando. Sin embargo, en esa misma fecha, octubre de 2024, fue admitido provisionalmente en el listado de facultativo especialista en Medicina Interna en Vigo y también a nivel autonómico. 

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha confirmado que, fue llamado a trabajar como médico de urgencias en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en agosto de 2024. El Sergas precisa que su periodo de actividad allí fue breve, de solo nueve días, y que estuvo asignado al área COTO (Cirugía, Oftalmología, Traumatología y Otorrinolaringología).  

Además de su paso por la sanidad pública, el falso facultativo también desempeñó funciones en el ámbito privado. Tras su breve periodo en el Cunqueiro, fue contratado por el centro médico privado Adeslas de Pontevedra, donde ejerció durante los meses de octubre y noviembre. No fue hasta el día 13 de este último mes que presentó su dimisión. 

El Sergas destaca que, hasta el momento, no ha recibido reclamaciones por la atención prestada por Alborés durante los nueve días que estuvo en el Hospital de Vigo.  El desenlace, una sentencia por acuerdo, lo condena por la falsedad documental a cuatro meses de prisión y una multa de 5 euros diarios durante ese mismo periodo, y por el intrusismo a otros cuatro meses de prisión, además del pago de las costas procesales. Es decir, al ser menor de dos años las condena, no ingresará en la cárcel, salvo que tenga antecedentes y la multa no llega a los 1.500 euros.

Polémicas anteriores: el paso fugaz por la Fundación Puerto de Vigo

No es la primera vez que la figura de Pablo Alborés Cabaniña acapara la atención mediática en Galicia. Es recordado en Vigo por su efímero paso como el primer director de la Fundación Puerto de Vigo (FPV), una entidad que se constituyó durante la presidencia de Corina Porro (PP) en la Autoridad Portuaria en 2010. Dimitió poco despúes  

La demanda de Alborés, presentada en 2011, reclamaba una indemnización de 570.000 euros en cumplimiento de su contrato. El exdirector alegó que la propia Porro le había solicitado dejar el cargo en una "excedencia pactada" de un año poco después de su nombramiento. La Fundación Puerto de Vigo se había presentado en abril de 2010 como un organismo de promoción y formación vinculada al puerto vigués, con un capital inicial de 200.000 euros y el apoyo de patronos relevantes como Pescanova, PSA Peugeot Citroën y entidades financieras de la época. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acabó desestimando la reclamación millonaria de Alborés, considerando probada su dimisión voluntaria.