15.000 firmas en Pontevedra en la plataforma 'Muface Sí' para exigir una atención sanitaria "digna y equitativa"

La plataforma Muface Sí, integrada por usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), registró este lunes en la sede de la mutua en Pontevedra más de 15.000 firmas recogidas a nivel nacional para denunciar el deterioro de la atención sanitaria y reclamar medidas urgentes que garanticen una asistencia "digna, equitativa y segura".

La portavoz estatal de la plataforma, María Jesús Garrido, explicó que las firmas proceden tanto de recogidas físicas como de la campaña digital a través de la web change.org.
 

UNA PÉRDIDA "PROGRESIVA"

Los firmantes alertan de una pérdida "progresiva y real" de prestaciones desde la entrada en vigor del nuevo concierto sanitario, aprobado el pasado mes de mayo. Según los portavoces de la plataforma, esta situación se traduce en la reducción de los cuadros médicos, la desaparición de especialistas y el aumento de las listas de espera, además de la cancelación de consultas y operaciones.

Entre las principales reivindicaciones figura la eliminación del copago farmacéutico tras la jubilación, que obliga a los mutualistas a asumir el 30 % del coste de los medicamentos. A juicio de los afectados, este sistema penaliza especialmente a las personas mayores, en una etapa en la que disminuyen los ingresos y aumentan las necesidades médicas.
 

Recuerdan que en la Seguridad Social, en condiciones equivalentes, dicho copago no se aplica por lo que entienden que no están reclamando un privilegio, "sino igualdad y equidad sanitaria", subrayan.

Otra de las principales demandas es el derecho a acceder al servicio público de emergencias 112 tanto en situaciones de urgencia vital como en aquellas que no lo son, sin tener que asumir el coste del servicio. La plataforma pone el foco en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados y advierte de que la actual situación genera inseguridad sanitaria y desigualdad territorial.

"El 112 es un número único y universal y debe poder utilizarse sin miedo a recibir después facturas desmesuradas", defendió Garrido.

En este sentido, reclaman que se garantice la atención urgente las 24 horas del día cuando el desplazamiento en vehículo particular supere los 10 kilómetros, tanto en zonas rurales como urbanas, y que el 112 esté plenamente integrado con la asistencia sanitaria de Muface. Según denuncian, la falta de coordinación actual provoca "retrasos, confusión y desprotección" de los mutualistas.

Por último, la plataforma exige a la Administración un mayor control sobre la ejecución del concierto sanitario, ante lo que consideran "incumplimientos reiterados", y pide que cualquier modificación del modelo se realice de forma planificada y transparente, evitando dejar desprotegidos a los beneficiarios de la mutualidad.
 

UN ACUERDO DE LETRA PEQUEÑA

El nuevo concierto de asistencia sanitaria de MUFACE para el período 2025-2027, firmado en abril de 2025 tras meses de negociaciones tensas y varias licitaciones desiertas o modificadas, supuso un esfuerzo significativo del Gobierno para mantener el modelo de mutualismo administrativo cuando se barajaba la posibilidad de finiquitar este sistema. 

Este acuerdo, adjudicado exclusivamente a las aseguradoras SegurCaixa Adeslas y Asisa (con la salida de DKV), implica un presupuesto total de más de 4.800 millones de euros, un incremento de alrededor del 41% en las primas respecto al concierto anterior. Esta subida histórica compensa el déficit tarifario acumulado, cubre nuevos servicios como avances en salud bucodental, medicamentos innovadores y terapias avanzadas, y introduce una prima diferenciada por tramos de edad para equilibrar los costes mayores en colectivos de más edad. El concierto entró en vigor el 1 de mayo de 2025, garantizando la continuidad asistencial tras prórrogas forzosas.

Para los mutualistas (alrededor de 1,5 millones de personas, entre funcionarios y beneficiarios), las consecuencias principales del acuerdo fueron la preservación de la opción de atención sanitaria privada sin coste adicional directo para el usuario, evitando un trasvase masivo al Sistema Nacional de Salud que habría saturado las listas de espera públicas.

Sin embargo, la reducción a solo dos aseguradoras implica menos opciones de elección, y los antiguos afiliados a DKV tuvieron un período extraordinario para cambiar de entidad o pasar al sistema público (con adscripción automática al INSS si no actuaban). Se incorporan novedades como un segundo período anual (enero y junio) para cambiar de entidad, mejoras en la cartera de servicios alineadas con el SNS, y sistemas electrónicos para partes de incapacidad temporal.

A nivel sistémico, el acuerdo alivia la presión sobre la sanidad pública al mantener desvinculados a la mayoría de mutualistas de la privada, pero genera un mayor gasto público (más de 1.200 millones adicionales). Aunque fue valorado positivamente por sindicatos como ANPE por evitar una crisis mayor, todavía hoy, más de medio año después de la firma, existe cierta incertidumbre por recursos judiciales pendientes que podrían impugnar el proceso, y se destaca la necesidad de vigilancia futura para asegurar la sostenibilidad del modelo ante el envejecimiento del colectivo y el aumento de costes sanitarios.