SUP alerta que parte de la Policía Autonómica abandona el Parlamento y la Xunta

Según el Ejecutivo gallego, la decisión obedece a la falta de efectivos que sufre la policía adscrita y pretende priorizar otras labores consideradas esenciales, especialmente las relacionadas con la protección de víctimas de violencia machista. En las próximas semanas, los agentes que actualmente se destinan a la seguridad institucional serán reubicados en otras funciones asumidas por la unidad autonómica.

Entre las competencias de la Policía Adscrita figuran la protección de menores, la prevención e investigación de incendios forestales, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el furtivismo, además del apoyo a la seguridad en sedes institucionales.

La Xunta culpa al Gobierno central

Fuentes del Ejecutivo autonómico confirman que el Gobierno presidido por Alfonso Rueda había advertido “desde hace tiempo” de las consecuencias derivadas de la situación actual. La Xunta insiste en que el Ministerio del Interior lleva años ignorando las peticiones para completar la plantilla de la Policía Adscrita, que en estos momentos presenta un déficit de 155 agentes.

Según la Administración autonómica, Galicia continúa sin respuesta a las propuestas planteadas para alcanzar un acuerdo consensuado que garantice el funcionamiento pleno del cuerpo autonómico de seguridad. Desde la Xunta se subraya que la falta de efectivos ha hecho “inevitable” reordenar las prioridades del servicio, lo que implica retirar personal de funciones institucionales para destinarlos a tareas vinculadas con la protección ciudadana.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ya había advertido por escrito antes del verano al Gobierno central de que, “ante la falta de pronunciamiento”, si no se resolvía la situación existente, la Xunta se vería obligada a hacer reajustes internos. La misiva fue enviada tras varios intentos fallidos de diálogo y reuniones sin resultados, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

Calvo sostiene que la ausencia de respuesta fuerza a la Xunta a tomar decisiones que “no eran deseadas” pero sí “imprescindibles” para garantizar la operatividad del cuerpo. Desde San Caetano remarcan que las circunstancias “no dejan margen” y recalcan que la prioridad debe ser reforzar áreas donde existe una mayor demanda de atención ciudadana, especialmente en violencia de género y protección de colectivos vulnerables.

Críticas sindicales por la privatización de la seguridad

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresó este miércoles su rechazo frontal a la decisión. En un comunicado, el sindicato advierte de que la retirada de agentes de la UPA de estos espacios obligará a reforzar la seguridad mediante empresas privadas, lo que supondrá que la vigilancia del Parlamento quede en manos de personal de seguridad privada y no de agentes públicos.

El SUP lamenta que la medida pueda interpretarse como una privatización de la seguridad institucional gallega, y reclama tanto al Gobierno central como a la Xunta que alcancen un acuerdo estable que garantice un cuerpo policial dotado de los recursos humanos suficientes.

Fuentes sindicales apuntan también que el déficit de la UPA ha sido una preocupación constante en los últimos años, y recuerdan que los agentes de la Policía Adscrita asumen tareas sensibles, muchas de ellas vinculadas a la protección de personas y bienes del ámbito autonómico, por lo que consideran imprescindible mantener su presencia en las principales instituciones gallegas.

Comparaciones con Cataluña

Desde la Xunta y el sindicato policial se han hecho asimismo alusiones a la comparativa con Cataluña, donde el Ejecutivo central ha comprometido la ampliación de los Mossos d’Esquadra hasta 25.000 efectivos en 2030. En Galicia, en cambio, la falta de incorporación de nuevos agentes mantiene el cuerpo autonómico muy por debajo de su estructura ideal.

El presidente Alfonso Rueda ya había manifestado su malestar por este desequilibrio en varias ocasiones anteriores, considerando que el reparto de efectivos por comunidades autónomas no resulta equitativo. Según la Xunta, la diferencia de trato “compromete” las funciones de la Policía Adscrita, especialmente en campañas de prevención de incendios o en la lucha contra el furtivismo en el litoral y las rías.