Justicia y comunidades pactan que la fase final de tribunales de instancia culmine el día 31 con "flexibilidad"

La Xunta destaca que ya finalizó el proceso de acoplamiento de personal y organiza su reubicación

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha acordado "por unanimidad" con las comunidades autónomas con la competencia transferida que la tercera y última fase del proceso de implementación de los tribunales de instancia culmine el próximo 31 de diciembre, como estaba previsto, aunque con "cierta flexibilidad".

Así lo ha comunicado el departamento encabezado por Félix Bolaños en una nota de prensa tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes de manera telemática y que, según el Ministerio, "se ha desarrollado en un clima de cordialidad".

Bolaños se ha reunido con representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.

Esta última fase, tal y como detalla la nota, implica la entrada en vigor de 100 tribunales de instancia "en los grandes partidos judiciales" de España, como Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha participado en esta reunión telemática y ha expuesto que la Xunta cumple con los plazos para culminar la próxima semana la tercera y última fase de la nueva oficinal judicial.

En un comunicado, la Xunta critica que se trata de una nueva norma "impuesta" por el Gobierno central "y sin dotación presupuestaria", pero que Galicia cumple "en tiempo y forma". Apunta que el pasado 1 de julio se puso en 38 de 45 partidos judiciales la nueva oficina judicial, mientras que el 31 de diciembre terminará la fase III correspondiente a la adaptación de los restantes partidos de las siete ciudades.

Esta adaptación supuso en Galicia la aplicación concreta de los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación; la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo "en consenso con las organizaciones sindicales", además de la asignación de personal a los puestos de trabajo correspondientes a la nueva organización; así como la adecuación de las instalaciones y la dotación de aplicaciones informáticas, o la reconversión de los 268 juzgados de paz en oficinas de justicia del municipio.

"También relacionado con esto, la implantación de la nueva oficina judicial condiciona la creación de las nuevas plazas de las secciones de Violencia sobre la Mujer y afecta además a las plazas de Fiscalía, de ahí que hoy mismo se publique en el Diario Oficial de Galicia la modificación de la relación de puestos de trabajo de las oficinas fiscales de la administración de justicia en Galicia", agrega la Xunta.

En lo que se refiere a la puesta en marcha de la tercera fase, el conselleiro explica que ya finalizó el proceso de acoplamiento del personal, se está organizando la reubicación del personal y se aprobó el incremento del complemento específico negociado con las organizaciones sindicales. También se está colocando la señaléctica exterior para tenerla finalizada el 31 de diciembre y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) también tiene prevista esa fecha para las adaptaciones tecnológicas necesarias para la nueva estructura.

"FLEXIBILIDAD"
No obstante, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado "también por unanimidad", según Justicia, "dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales", de tal manera que "la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo".

Cabe recordar que el Ministerio avanzó el pasado 12 de diciembre, cuando convocó esta Conferencia Sectorial, que "apoyará" a las comunidades con la competencia transferida si "solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase" de la implementación de los tribunales de instancia.

Asimismo, las partes han acordado este lunes que las oficinas judiciales, "que darán apoyo técnico a los tribunales de instancia de las grandes ciudades", según el Ministerio, también entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre, excepto en las ciudades asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, "con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos".

La constitución de los tribunales de instancia se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el pasado mes de abril.

Desde ese momento, según ha señalado el Ministerio en la nota de prensa, más de 300 tribunales de instancia ya han entrado en funcionamiento "sin incidencias destacables".

Y ha expresado que, según los datos facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, queda constatada "una agilización" en la ejecución de sentencias: "En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Cataluña y Comunidad Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30".

"En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida", ha precisado Justicia.

MENOS ASUNTOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2025
Por otro lado, la nota recuerda que la Ley de Eficiencia incluye "la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial".

Y recoge los datos publicados el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que puso de manifiesto que en el tercer trimestre de 2025 "se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España".

Según informó el CGPJ en una nota de prensa, los órganos judiciales recibieron entre julio y septiembre de 2025 un total de 1.519.584 nuevos asuntos, lo que supone un 12,5% menos, respecto al mismo periodo de 2024.

También se redujeron los del orden contencioso-administrativo, en un 6,3%; mientras que en las jurisdicciones de lo penal y de lo social ingresaron un 2% y un 1,2% más asuntos, respectivamente.

El número de total de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales en ese periodo fue de 1.519.584, "una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo", que ascendieron a 1.517.664, apenas un 0,3% menos que en el tercer trimestre de 2024.

EL CGPJ RECLAMA MEDIDAS PARA EVITAR "CARENCIAS"
Por su parte, el CGPJ pidió al Ministerio antes de conocerse la convocatoria de la reunión que tome medidas para evitar las "carencias" de los juzgados antes de la implementación de los tribunales de instancia.

Así, el Consejo recogió en una nota de prensa la "preocupación" de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España y la trasladó al departamento encabezado por Bolaños y a las comunidades autónomas con competencias transferidas de Justicia.

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que "los procedimientos y causas pendientes --de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia-- estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes".

Por otro lado, los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca señalaron las "carencias" y la "falta de preparación" que han ido detectando para la implementación de los tribunales de instancia.