Los planes de igualdad en Galicia caen un 11% en 2025, hasta 287, y el total ronda los 2.000 en 15 años

Sindicatos advierten una aplicación "casi nula" (CIG), eficacia "muy discreta" (CC.OO.) y medidas limitadas a la "buena fe" (UGT)

Los planes de igualdad que entraron en el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (Regcon) en Galicia descendieron un 11% en 2025, al pasar de 323 a 287, y el total alcanza los 1.976 en el histórico, que arranca en marzo de 2011.

Así se desprende de los datos facilitados por la Consellería de Emprego a Europa Press. En concreto, el departamento de José González aporta la cifra de todos los planes tramitados, mientras que el Consello Galego de Relacións Laborais publica en su página web únicamente los resueltos favorablemente, de modo que en 2024 da cuenta de 237, y todavía tiene pendiente dar a conocer el de 2025.

Los planes de igualdad son obligatorios desde 2007 para empresas de más de 250 trabajadores y a partir de 2021 empezaron a exigirse a todas las que tengan plantillas de más de 50 personas.

Evaluando su eficacia, en declaraciones a Europa Press, la agente de igualdad de la CIG Ester Mariño lamenta una aplicación "nula o casi nula" de las medidas contenidas en los distintos documentos, que varían según el diagnóstico que haga cada compañía.

Además, denuncia un hecho "grave" y "clave", y es que "ahora" el registro funciona como "un coladero" pues se están inscribiendo planes "sin acuerdo", lo cual "carece de sentido". En este sentido, reclama "vigilancia" para que haya cumplimiento normativo y "que se agoten todas las vías de negociación" antes de aprobar un plan de igualdad, para evitar "opacidad".

Por parte de UGT, su secretaria de igualdad en Galicia, Trinidad Campos, entiende que "a priori un alto porcentaje de las medidas se están cumpliendo", pero avisa de que sobre todo se aplican las que no suponen coste alguno para la empresa y se quedan en el ámbito de la "buena fe".

Ya que "el grueso" de los documentos en la comunidad datan de 2021 y tienen cuatro años de duración, en estos momentos se están "revisando" y será cuando las comisiones de seguimiento determinen la efectividad, a la espera de que no sean "papel mojado", avisa. Además del tejido empresarial, también insriben planes de igualdad asociaciones, sindicatos y otras instituciones.

En cuanto a CC.OO., considera que "se cumplen muy discretamente los objetivos de las medidas implantadas" y remarca la necesidad de "vigilancia sindical constante para corregir desviaciones y adaptar los planes a la realidad cambiante".

Por tanto, esta organización ve "preciso seguir trabajando para que esta herramienta imprescindible alcance su plena eficacia", también en Galicia.

Los tres sindicatos mayoritarios coinciden en que es preciso aumentar la concienciación, toda vez que las empresas suelen aprobar los planes de igualdad por imperativo legal y para acceder a ayudas o contratos públicos, y es "anecdótico" aquellas que creen y apuestan firmemente por ellos.

Entre las principales actuaciones que incluyen los planes de igualdad figuran las auditorías salariales para eliminar la brecha retributiva, procesos de selección y promoción imparciales, medidas de conciliación, formación en igualdad y protocolos contra el acoso sexual.

NI UN SOLO CERTIFICADO DE EXCELENCIA
Por otra parte, la Xunta creó hace cuatro meses los certificados de excelencia en igualdad, pero el decreto está todavía pendiente de desarrollo normativo y el registro de estos documentos está vacío.

De hecho, según señalan fuentes de Emprego consultadas por Europa Press, "en este momento aún no está abierto el plazo para su solicitud". Está "iniciado", eso sí, "el correspondiente desarrollo normativo" y "se está trabajando actualmente en la elaboración de la orden de convocatoria con el objetivo de publicarla próximamente", apuntan.

Este proceso, añaden las fuentes de Emprego, está realizándose "de manera negociada y consensuada en el marco del diálogo social". El decreto, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 29 de octubre, recoge que "en el plazo de tres meses se aprobará la orden que lo regule". Ese tope se cumplió el pasado 29 de enero.