PSdeG reclama eliminar el "irrespirable" cátering en las residencias del Consorcio Galego de Benestar

La diputada socialista Silvia Longueira ha registrado un paquete de iniciativas parlamentarias para exigir la cancelación inmediata del contrato de cátering que la Xunta de Galicia tiene en vigor en las residencias del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. La propuesta pide además que se incorpore personal de cocina cualificado que elabore menús frescos y de calidad para los más de 2.500 usuarios que tienen en estos setenta centros su hogar cotidiano.

Según ha trasladado el Grupo Socialista, los residentes denuncian que la comida que reciben les resulta imposible de ingerir. Los motivos que apuntan son variados: olor desagradable, cocción deficiente y una textura tan dura que imposibilita la masticación. Esta situación, señalan, es el resultado directo de la apuesta de la Xunta por un modelo de cátering industrial de bajo coste, en el que los platos llegan precocinados, congelados o presurizados y simplemente se regeneran en hornos dentro de los propios centros.

La consecuencia más llamativa es que muchos residentes han optado por alimentarse casi exclusivamente de los productos del desayuno y la merienda —fruta, yogures y galletas—, al ser los únicos alimentos que toleran sin rechazo. Tanto usuarios como trabajadores de los centros coinciden en describir esta realidad de forma generalizada.

Un euro por plato en centros para mayores dependientes

Este modelo lleva más de catorce años en funcionamiento en los centros del Consorcio, según recoge la propia Xunta en su defensa del sistema. El servicio fue licitado en 2021 por un importe de más de nueve millones de euros y adjudicado a la empresa COESCO DEZA, S.L.U., con sede en Silleda, que lo presta a través de su marca Culinaria. La Consellería de Política Social ha defendido en varias ocasiones que los productos empleados cuentan con sellos de calidad y controles sanitarios rigurosos, y que el nivel de satisfacción general es elevado según sus propias encuestas anuales.

Sin embargo, la realidad que narran los usuarios de centros como los de Ortigueira o A Pontenova dista mucho de ese diagnóstico oficial. En Ortigueira, la puntuación media que los residentes otorgaban a la comida apenas llegaba al 5,5 sobre 10 antes de que a mediados de 2025 comenzaran a introducirse algunas mejoras. Las denuncias sobre la precariedad alimentaria llegaron a tal punto que en algunas residencias los usuarios llegaron a instalar frigoríficos en sus habitaciones para complementar por cuenta propia una dieta que no les satisfacía. El coste por menú, según los datos manejados por los grupos de oposición, ronda el euro.

La respuesta de la Consellería de Política Social a estas críticas ha sido sistemáticamente la de defender el modelo actual. Este medio ha intentado recabar una valoración de la Xunta sobre las últimas iniciativas parlamentarias socialistas, sin obtener respuesta antes del cierre de edición.

Movilizaciones, quejas al Valedor y silencio institucional

El malestar de los residentes no es nuevo ni se ha limitado al ámbito parlamentario. Longueira ha presentado esta batería de propuestas después de que los afectados agotaran otras vías: trasladaron sus quejas a la Valedora do Pobo, se concentraron frente a los centros y se desplazaron hasta el Parlamento de Galicia para hacer visibles sus reivindicaciones. A pesar de todo, el ejecutivo autonómico no ha introducido cambios sustanciales en el sistema.

La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD), el Sindicato Labrego Galego y el colectivo Comida Digna XA también han sumado su voz a estas reclamaciones, exigiendo eliminar los precocinados y apostar por una cocina de proximidad. Desde el Sindicato Labrego Galego se ha subrayado la urgencia de un cambio en el modelo alimentario para estas personas, señalando que ya está bien de tratar a quienes se quejan como usuarios problemáticos.

Esta presión ciudadana y política se produce en un contexto más amplio de deterioro de los servicios sociales públicos en Galicia. Longueira ha advertido en el Parlamento que el sistema de atención a la dependencia en la comunidad "está al límite", con una media de 349 días de espera para que una persona reciba una resolución de su expediente.

Un modelo cuestionado desde múltiples frentes

La cuestión del cátering no es el único flanco abierto en torno a los centros del Consorcio. En el Pleno del Parlamento celebrado en febrero de 2026, Longueira acusó al Gobierno gallego de sustituir derechos por bonos individuales y situó a Galicia como la cuarta comunidad con mayor déficit de plazas residenciales. La conselleira de Política Social, Fabiola García, rechazó esa visión y defendió que las políticas de la Xunta se orientan a respetar la voluntad de las personas mayores de permanecer en sus hogares.

El Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar gestiona setenta centros para mayores distribuidos por toda Galicia, integrado por la Xunta y 267 ayuntamientos. Pese a que varios de esos centros disponen de cocinas propias que podrían utilizarse para elaborar menús frescos, la Xunta ha mantenido el modelo de externalización alimentaria como opción preferente, algo que también ha sido cuestionado por su impacto en los productores locales, que quedan fuera de una cadena de suministro dominada por grandes operadores industriales.

La diputada Longueira insiste en que la situación requiere una respuesta inmediata y no puede seguir siendo ignorada por el ejecutivo de Alfonso Rueda. El PSdeG, que ha convertido la calidad de la atención a personas dependientes en uno de sus ejes de actuación parlamentaria, espera que estas iniciativas fuercen un debate en profundidad sobre un modelo que, a juicio de la oposición socialista, ha priorizado el ahorro presupuestario sobre la dignidad alimentaria de los mayores gallegos.