Jácome denuncia al interventor de Ourense ante la Xunta en un nuevo capítulo de su guerra institucional

El Concello de Ourense, gobernado por Gonzalo Pérez Jácome a través de su formación Democracia Ourensana, ha dado un nuevo paso en su enfrentamiento con el interventor municipal, Gonzalo Alonso, al trasladar a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia un escrito en el que denuncia presuntas infracciones disciplinarias imputables al funcionario. La propia Consellería ha confirmado la recepción del documento y ha anunciado que procederá a analizar si existe base suficiente para incoar el correspondiente expediente.

Según la información facilitada por el departamento autonómico, el escrito municipal llegó esta semana y describe supuestos hechos que el equipo de gobierno ourensano considera constitutivos de faltas disciplinarias. La Consellería de Presidencia estudiará ahora la documentación aportada para valorar si concurren indicios fundados que justifiquen abrir diligencias y, en su caso, determinar qué tipo de infracción podría haber cometido el interventor. El interventor Gonzalo Alonso no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva denuncia.

UNA VIEJA ENEMISTAD

Este movimiento se enmarca en una disputa institucional que arrastra ya varios años. En noviembre de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense declaró que Jácome había vulnerado los derechos fundamentales del interventor y ratificó su readmisión en el cargo. 

El Concello había cesado a Alonso en abril de ese año, pero el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública se mostró contrario a ese cese, subrayando que Alonso había accedido al puesto por concurso y que la tramitación del despido no era competencia municipal. 

La escalada judicial siguió su curso. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acreditó en julio de 2025 que el alcalde de Ourense había acosado laboralmente al interventor, y elevó la indemnización a pagar a Alonso hasta los 75.000 euros, ordenando además trasladar la resolución a la Inspección Laboral y a la Seguridad Social. 

DETONANTE

La chispa más reciente de este conflicto se produjo en diciembre de 2025. En un pleno extraordinario convocado de urgencia para abonar, con casi un año de retraso, la factura del alumbrado navideño de 2024, de unos 600.000 euros, el interventor tomó la palabra para defender su gestión y calificó la situación como el peor caos presupuestario de sus treinta años de carrera. 

El origen del problema radicaba en el desmantelamiento del área de Comercio y los consiguientes cambios contables: en 2024, el gasto en iluminación se había imputado a Comercio, pero tras la reorganización interna ese área pasó a llamarse Promoción de la Cultura, generando una inconsistencia en el presupuesto aprobado en agosto.

Jácome respondió acusando al interventor de actuar de mala fe y de negarse a fiscalizar el expediente porque no quiso hacerlo, y anunció que trasladaría el asunto a la Xunta para exigirle responsabilidades patrimoniales al funcionario por los intereses de demora generados. 

LA OPOSICIÓN

Tanto el PSOE como el BNG alertaron entonces de las graves consecuencias jurídicas de este modo de operar instalado en el Concello de Ourense. Los socialistas acusaron a Jácome de recurrir a gritos y falacias para conseguir titulares, mientras el portavoz nacionalista consideró gravísimo que el alcalde alegara que el interventor estaba boicoteando al gobierno local. El Partido Popular, por su parte, optó por la abstención en las votaciones para desbloquear los pagos, aunque también criticó la gestión municipal.

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes tiene ahora en su tejado la decisión de si la denuncia presentada por el Concello de Ourense reúne los requisitos necesarios para abrir un expediente disciplinario formal contra el interventor, un funcionario de habilitación nacional cuya tutela corresponde, precisamente, a las administraciones autonómica y estatal, y no al propio ayuntamiento que lo denuncia.