Amnistía Internacional pide a la Xunta más recursos para sanidad, vivienda o contra la violencia de género

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado a la Xunta de Galicia más recursos para la sanidad, la vivienda, la lucha contra los incendios o la lucha contra la violencia de género.

Así lo ha trasladado la portavoz de AI en Galicia, Sara Prieto, en el marco de la presentación del informe anual de esta organización. Así, según ha denunciado Prieto, "desde 2009, el gasto sanitario en Galicia bajó un 5% y, en Atención Primaria, un 7%". "En 2023 siete de cada 10 citas tenían un tiempo de espera superior a las 48 horas, mientras que en 2018 no llegaban a tres", ha añadido.

Con respecto a las listas de espera, Amnistía Internacional Galicia lamenta que, aunque crecen, el gasto hospitalario "solo" aumentó en 2026 un 3,6%, y a la Atención Primaria se dedica un 14,3%, "cuando la OMS recomienda un 25%".

La organización ha subrayado que el gobierno gallego debe tener "un enfoque de derechos humanos" para hacer frente a un escenario marcado por crisis como el genocidio de Gaza o la "ola global antiderechos". "La respuesta de la Xunta a la guerra en Oriente Medio debe incluir acciones para facilitar el acceso a la vivienda", ha apuntado la portavoz, que ha planteado duplicar los recursos del II Pacto da Vivenda de Galicia 2026-2030 para llegar a un parque de 16.000 viviendas sociales y alcanzar la media europea.

Al respecto, AI ha denunciado la "ausencia de programas o acciones enfocadas a situaciones de exclusión residencial severa, como el 'sinhogarismo' o el chabolismo", o para afrontar situaciones de emergencia habitacional que podrían producirse como consecuencia de la subida de la inflacción y la "caída del escudo social". En ese sentido, señala que los ayuntamientos deben pedir a la Xunta aplicar un control sobre los precios del alquiler.

En definitiva, han reclamado un 10 % más de inversión en Atención Primaria, más medios humanos y materiales para los juzgados de Violencia sobre la Mujer y los centros 24 horas de atención a víctimas, y "una actuación decidida frente a la crisis climática basada en los derechos humanos y medidas de prevención, recuperación y formación de la ciudadanía en materia de incendios forestales".