La Xunta presenta alegaciones al abono único de transporte y denuncia "falta de información" por parte del Gobierno

La Xunta ha presentado alegaciones al sistema de abono único de transporte y ha denunciado "falta de información y lealtad institucional" por parte del Gobierno central sobre el Programa de fomento del transporte público a través de este bono, "del que el Gobierno gallego no recibió la orden que se encuentra en trámite de información pública".

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La Xunta ha presentado alegaciones al sistema de abono único de transporte y ha denunciado "falta de información y lealtad institucional" por parte del Gobierno central sobre el Programa de fomento del transporte público a través de este bono, "del que el Gobierno gallego no recibió la orden que se encuentra en trámite de información pública".

En este sentido, el Gobierno gallego considera que "debería haberse abordado con las comunidades por su impacto en el transporte" y ha subrayado que, por el contrario, "se diseñó de espaldas a ellas". En las alegaciones presentadas, la Administración autonómica se refiere a "falta de definición" de los derechos, obligaciones, condiciones técnicas y régimen económico del sistema.

Así, ha reclamado que el avance en este programa del Ejecutivo estatal "respete el reparto de competencias, garantice la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte autonómico y tenga en cuenta las singularidades de cada territorio" como la densidad de población y la dispersión geográfica.

El Gobierno gallego ha incidido en que este programa atribuye al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su impulso y evolución "sin prever la participación de las comunidades en la toma de decisiones", lo que "choca frontalmente" con el modelo de colaboración interadministrativa que se emplea para su implantación.

Con todo, la Xunta ha requerido que se incluyan cláusulas sobre la "salvaguarda de la autonomía" de las competencias de las comunidades y "se garantice la capacidad plena" para definir sus tarifas y bonificaciones.

Asimismo, ha reclamado "garantías para la interoperabilidad" de la plataforma tecnológica estatal que se prevé instalar con los sistemas ya implantados por las comunidades.

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