Aplazan a septiembre un juicio de drogas en A Coruña por indisposición de un letrado y al no poder constituir tribunal

Con siete acusados, se celebrará a finales de septiembre y principios de octubre

La indisposición de un abogado y la imposibilidad de conformar el tribunal que debería juzgar los hechos -- por circunstancias de última hora que impidieron constituirlo con nuevos magistrados, según confirmaron fuentes próximas al caso --, ha obligado este lunes a suspender un juicio por drogas fijado en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Finalmente ha quedado fijado para los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. En el mismo están acusadas siete personas por venta de drogas a gran escala. Esta es la segunda vez que tiene que ser suspendido. Ya ocurrió en febrero de 2025 por incomparecencia de uno de los procesados "sin causa justificada".

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se remontan al año 2023, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga organizó un dispositivo de vigilancia del principal acusado y de otras seis personas que podrían estar vinculadas con el tráfico ilícito de sustancias en distintas ciudades.

De esta forma, los agentes pararon el 5 de octubre a uno de los procesados conduciendo un camión en el que localizaron varias mochilas con diferentes sustancias estupefacientes en su interior. Así, localizaron 141 kilos de cannabis, casi medio kilo de MDMA en polvo, 793 comprimidos de MDMA y cerca de un kilo de ketamina.

Días después, concretamente el 18 de octubre de 2023, otro procesado fue interceptado en una furgoneta en la que ocultaba cinco paquetes con unos cinco kilos de cocaína.

Tras estos hallazgos, los agentes entraron y registraron las viviendas de todas las personas vinculadas, donde localizaron distintas cantidades de dinero, básculas de precisión, pequeñas cantidades de diferentes drogas, llaves de vehículos, móviles y termoselladoras, entre otros elementos vinculados al tráfico de drogas.

Fiscalía pide para los procesados, según su grado de implicación, penas que van desde los 18 a los cuatro años y medio de prisión, así como el pago de multas de hasta 6,2 millones de euros. En un caso, hay acuerdo de conformidad mientras que en los demás se reclama la absolución, según precisaron a Europa Press letrados de los acusados.