El pleno del Ayuntamiento de Pontevedra pide a la Xunta escuchar a vecinos afectados por el futuro barrio de San Amaro

El pleno del Ayuntamiento de Pontevedra aprobó este lunes, con los votos favorables de PSOE y PP y la abstención del BNG, una moción impulsada por los socialistas para reclamar mayores garantías y diálogo con los vecinos afectados por el futuro desarrollo urbanístico de San Amaro, donde la Xunta prevé construir 2.010 viviendas protegidas a través de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA). La sesión fue seguida desde el salón de plenos por un grupo de propietarios afectados por las futuras expropiaciones.

La iniciativa, defendida por el portavoz socialista, Iván Puentes, insta al gobierno local a reunirse "de manera inmediata" con los vecinos afectados para recoger sus demandas y trasladarlas a la Xunta.

Además, reclama que el Ejecutivo gallego revise determinados aspectos del proyecto para reducir el impacto sobre las propiedades privadas y garantice "un precio justo" o compensaciones adecuadas por los bienes expropiados.

Entre las medidas incluidas en la moción figura también la petición a la Consellería de Vivenda e Infraestruturas, dirigida por María Martínez Allegue, de abrir un proceso de diálogo con los afectados, explicarles el proyecto en detalle y estudiar posibles ajustes en el ámbito de actuación.

El texto plantea además que los propietarios de viviendas habituales expropiadas puedan recibir, si así lo solicitan, una nueva vivienda libre de protección y de dimensiones adecuadas.

Otro de los puntos aprobados solicita una ordenación urbanística "más racional" dentro del futuro barrio, favoreciendo una transición progresiva entre los edificios de mayor altura y las zonas de vivienda unifamiliar ya existentes para evitar un fuerte contraste urbanístico.

La moción salió adelante tras incorporar una enmienda presentada por el PP. El grupo liderado por Rafa Domínguez pidió al gobierno municipal iniciar "de manera inmediata" la elaboración de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con el objetivo de evitar en el futuro situaciones similares a las derivadas del PIA de San Amaro.

Domínguez responsabilizó al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de no haber desarrollado un nuevo planeamiento urbanístico durante sus años de mandato y defendió la intervención de la Xunta para impulsar vivienda pública en la ciudad, "es el máximo responsable de lo que ha sucedido", dijo.

El portavoz popular insistió en que la iniciativa "no va de paralizar el PIA", sino de garantizar que las administraciones escuchen a los afectados y negocien compensaciones adecuadas. Además, defendió la actuación de la conselleira de Vivenda, asegurando que "es profundamente empática" y trabajará para que el proceso "salga lo mejor posible".

Por su parte, el gobierno local del BNG optó por abstenerse y acusó a PSOE y PP de incurrir en una "contradicción", al cuestionar ahora aspectos del PIA después de haber respaldado en 2025 la delimitación urbanística del ámbito, aprobada entonces por unanimidad.

El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, defendió que el proyecto residencial es "estratégico y fundamental" para Pontevedra ante la necesidad de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Oubiña aseguró que el ejecutivo local comparte las preocupaciones de los vecinos y respaldará sus "reivindicaciones justas", especialmente en lo relativo a las trece viviendas que serán expropiadas. No obstante, advirtió de que las reclamaciones vecinales no deben convertirse en un freno para el desarrollo del proyecto.

El BNG intentó sacar adelante una propuesta consensuada proponiendo votar la moción por puntos para recuperar la unanimidad, aunque finalmente no prosperó.

Durante el debate, Iván Puentes sostuvo que la iniciativa buscaba trasladar al pleno "las preocupaciones de los ciudadanos" ante el mayor proyecto urbanístico previsto actualmente en la ciudad.

El socialista defendió la necesidad de que la Xunta dialogue con los afectados antes del inicio del periodo de alegaciones y afirmó que, detrás del desarrollo residencial, "también hay negocio inmobiliario", por lo que consideró justo que los propietarios afectados reciban compensaciones acordes al valor de sus terrenos y viviendas.