La decisión de la Xunta de Galicia de encomendar a la empresa pública SEAGA la creación de un nuevo dispositivo de refuerzo contra incendios para el verano de 2026 ha desatado el malestar entre brigadistas, sindicatos y otros colectivos. Las organizaciones denuncian que se profundiza en un modelo de externalización y precariedad al cubrir necesidades estructurales mediante contratos temporales de apenas 90 días, en lugar de reforzar el personal propio de la Administración.