Los magistrados expresan que lo que buscaban era apartar a la instructora para "sustituir su imparcial criterio por otro que se ajuste más a los subjetivos intereses" de padre e hijo.
Para el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, el sistema es "perfectamente viable" y solo está cuestionado por "intereses económicos".
Estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobase hoy su código de buenas prácticas para que los afectados no tengan que ir por la vía judicial.