Tanto el Parlamento Europeo como las Cortes de España tienen códigos éticos que promueven la ética y la transparencia. Sin embargo, el Consejo de la Unión Europea acaba de tirar las orejas a los diputados españoles por obviarlo, salvo algunas pocas excepciones. En el Senado sí se cumple.
La Oficina de Conflicto de Intereses identifica serios problemas en la transparencia de las actividades y patrimonio de nuestros diputados. Algunos afectan a casi todos en general, como no publicar sus reuniones con lobbies o sus agendas de trabajo. Otros son específicos de ciertos partidos, como Vox, que alega que jurando la Constitución ya no tiene porqué hacer transparentes las rentas de sus parlamentarios.