Ocho de cada diez parlamentarios españoles ocultan sus reuniones, incluídos los diputados gallegos en el Congreso

La opacidad parlamentaria en España no da señales de remitir. Según el último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, con datos cerrados a 31 de diciembre de 2025, el 80% de los diputados y senadores incumple la obligación de publicar sus agendas completas en las webs del Congreso y el Senado. Solo uno de cada cinco parlamentarios incluye en esas agendas algo más que la actividad puramente interna de las cámaras, como plenos o comisiones, y prácticamente ninguno registra sus encuentros con grupos de presión o lobbies, pese a que el Código de Conducta de las Cortes, aprobado en octubre de 2020, les obliga expresamente a hacerlo.

El panorama afecta también a los parlamentarios gallegos con escaño en el Congreso y el Senado. Galicia cuenta con representantes del PP, del PSOE y del BNG en las Cortes, pero ninguno de estos grupos ha hecho declaraciones públicas sobre el cumplimiento de esta obligación. Galiciapress intentó recabar la posición de sus portavoces, sin obtener respuesta en el momento de publicar esta información.

La advertencia se repite año tras año

El documento elaborado por la Oficina de Conflicto de Intereses, recogido por Europa Press, constata que, si bien en el Congreso el número de diputados que anotan actividades no estrictamente parlamentarias pasó de 46 a 75 en un año, en el Senado la tendencia fue la contraria: de 64 senadores que lo hacían en 2024 se ha retrocedido a apenas 55. En cualquier caso, incluso quienes sí registran algo más que sus asistencias a plenos lo hacen de forma irregular y casi nunca apuntan reuniones con asociaciones, organizaciones o entidades que tengan la condición de grupo de interés.

La propia oficina admite que resulta "altamente improbable" que la ausencia generalizada de anotaciones sobre encuentros con lobbies responda a la realidad. El organismo llegó a publicar una guía específica para orientar a los parlamentarios sobre qué información deben incluir en sus agendas, pero el año pasado solo recibió tres consultas al respecto. Es el quinto año consecutivo que el organismo eleva la misma advertencia, sin que se haya producido una mejora significativa.

Este incumplimiento, además, se da en un contexto de vacío legal en materia sancionadora. La vulneración de la norma queda sin consecuencias prácticas debido a la falta de desarrollo jurídico para las sanciones. El Código de Conducta es vinculante en teoría, pero carece de mecanismos que obliguen a quien lo incumple a rendir cuentas.

El Congreso da pasos, pero sin resultados

Frente a este cuadro, el Congreso ha puesto en marcha en los últimos meses algunas iniciativas encuadradas dentro de su Plan de Parlamento Abierto, aprobado con los votos del PSOE y Sumar y la oposición del PP. Entre ellas, la apertura de una sección de ética en la web de la Cámara y la elaboración de una guía para que los diputados sepan exactamente cómo y qué deben publicar en sus agendas. También se ha planteado la creación de un registro de grupos de interés de inscripción obligatoria, cuyos datos serían de consulta pública, así como un sistema que haga visibles todas las comunicaciones entre lobbies y miembros del Congreso. 

Paralelamente, el PSOE presentó en mayo de 2024 una reforma del reglamento del Congreso para regular las relaciones entre parlamentarios y grupos de presión, pero esa propuesta sigue aún en tramitación. La regulación en estudio obligaría a los diputados a desvelar todas las propuestas que reciban de los grupos de interés, y contempla sanciones que van desde el apercibimiento hasta la suspensión indefinida del registro.

A nivel del Ejecutivo, en enero de 2025 se aprobó un anteproyecto de ley sobre grupos de interés, aunque su aplicación queda limitada a la Administración General del Estado y no incluye disposiciones específicas para las Cortes. Los partidos políticos, en otras palabras, se resisten a aplicarse la misma medicina que exigen para el Gobierno.

Las declaraciones de intereses, con lagunas

Más allá de las agendas, el informe detecta también irregularidades en las declaraciones de intereses económicos que todos los parlamentarios deben entregar al tomar posesión de su escaño. En el Senado todos las han presentado, pero en el Congreso falta una, cuyo titular no ha atendido los requerimientos para subsanarlo. El año pasado se registraron 23 nuevas declaraciones —15 en el Congreso y 8 en el Senado—, y en doce casos hubo que avisar de omisiones o errores. De esas, siete se corrigieron, pero cinco permanecen sin enmendar.

Otro apartado que genera preocupación es el relativo a las contribuciones a fundaciones y asociaciones: 18 diputados y 13 senadores no lo han rellenado. Por otro lado, los parlamentarios están obligados a entregar a la secretaría general los regalos que reciban en viajes oficiales o en representación de las cámaras. El año pasado se registraron 61 obsequios —25 en el Congreso y 36 en el Senado—, lo que supone un dato positivo en términos de cumplimiento, aunque marginal en el conjunto del panorama.

La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho de julio de 2025, señaló que los persistentes consejos del organismo encargado de velar por la ética en las Cortes no habían impedido que solo unos pocos parlamentarios publicaran información sobre sus reuniones con grupos de interés. Bruselas, por tanto, también ha puesto el foco sobre una situación que se prolonga desde hace un lustro y que, en Galicia como en el resto de España, permanece sin solución a la vista.