La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada in extremis por el Partido Socialista y el Partido Popular tras años tensando la cuerda e instrumentalizando la institución, obliga al organismo a asumir una serie de decisiones que se han quedado enquistadas en el tiempo y que merecen una respuesta inmediata, como la del Tribunal Supremo.