Nueve años después, primer juicio de la Operación Pokemon

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Tras la enorme lentitud de la instrucción de la macrocausa que sacudió la política gallega, la primera pieza llega a la fase de juicio oral. El que fuera responsáble de la Confederación Hidrográfica se enfrenta a cinco años de cárcel por montar supuestamente una red caciquil que incluía chófer particular, obras en su finca y el envío de angulas.


Francisco Fernández Liñares

La Fiscalía Provincial de Lugo pide cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y exconcejal socialista Francisco Fernández Liñares, uno de los principales investigados en la supuesta trama de corrupción de la Operación Pokémon, por los delitos continuados de cohecho y prevaricación.

En su escrito de acusación para la apertura de juicio oral de una pieza separada relativa a la gestión en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil --de la que Liñares fue presidente entre enero de 2009 y febrero de 2012-- en el marco de la macrocausa de la Pokémon, Fiscalía pide la misma pena por idénticos delitos para otros nueve acusados.

Este será el primer juicio en relación con la Operación Pokémon, cuya trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones comenzó a investigar la jueza Pilar de Lara en el año 2011, quien en 2012 ordenó detener a Liñares, que estuvo varios meses en prisión.

El fiscal Jesús Alvárez señala que durante la etapa de Liñares al frente de la CHMS "continuó las mismas prácticas delictivas" que realizó como concejal en Lugo --que no se abordan en esta pieza--, en las que "tejió una red de intereses económicos concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos" a cambio de "sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio".




Así, el Ministerio Público asegura que como presidente de la Confederación Hidrográfica "otorgó contratos de obras a sociedades con cuyos representantes se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o prestaciones de trabajo en sus propiedades".

Precisamente, el abogado de Fernández Liñares informaba esta semana de que pedirá ante la Audiencia Provincial la nulidad de las piezas en la que está investigado en la Operación Pokémon.

RED DE ADJUDICACIONES ACORDADA CON LAS EMPRESAS


De este modo, Fiscalía señala cómo Liñares, mediante el uso del procedimiento de adjudicación negociado --que permite contratar obras cuyo valor sea inferior a un millón de euros con la obligación de solicitar ofertas a al menos tres empresas--, "convino con los representantes de varias entidades la adjudicación de determinadas obras a empresas previamente seleccionadas según lo convenido entre el presidente de la CHMS y los empresarios concurrentes a la licitación".
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"De manera que ya de antemano se conocía que la adjudicación se haría a favor del precio más ventajoso para la CHMS, turnándose los concurrentes para presentar en otros casos el precio más bajo", concluye la acusación.

De hecho, pone como ejemplo que "hasta tal punto existía acuerdo entre el presidente y los empresarios de la trama que estos últimos se repartían las adjudicaciones, presentando el beneficiado el precio más bajo y los otros dos concurrentes, un precio ligeramente superior, dándose el caso de que en el expediente 56/11 las empresas Portosar, en principio adjudicataria, renunció para facilitar la adjudicación a Forestación Curro en segunda convocatoria".

A lo largo de una decena de páginas, Álvarez relata las diversas adjudicaciones de la CHMS con empresas como Carpintería Metálica Gayoso, Construcciones Sanle, PortosarGalicia, Movimientos de Tierras y Desbroces Gallegos, Forestación Curro, Agrotecnia, Anchelergues, así como Hermanos Pico Yáñez. Diferentes representantes de estas compañías se encuentran acusados por realizar diversas entregas a Liñares que oscilan entre los 10.000 y los 35.000 euros.

Asimismo, el fiscal sostiene que el dinero recibido por Liñares en concepto de soborno por la adjudicación de las obras fue destinado "a sus actividades empresariales, fundamentalmente la adquisición de inmuebles, y la participación en sociedades mercantiles". Por el blanqueo de estas cantidades se siguen diligencias en otras piezas en las que se investiga a las sociales Doal, Cechalva y Artenosa.



TRABAJOS DE JARDINERÍA EN SUS FINCAS Y ANGULAS PARA ALTOS CARGOS 


Entre otras acusaciones, el escrito del fiscal recoge que Forestación Curro realizó trabajos de jardinería gratuitos en dos fincas de Liñares en Verducedo, en el municipio de Castroverde (Lugo). Además, le entregó animales de caza.

Otro punto al que hace mención Fiscalía es que Liñares, pese a disponer de coche oficial como presidente de la CHMS, concertó con la entidad Proyfe --adjudicataria de un contrato de la Confederación-- la contratación de un vehículo con conductor para controlar los trabajos en obras.

Ese coche trasladaba "todos los días laborables" a Fernández Liñares de Lugo a Ourense, donde se encuentra la sede de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, además de emplearlo para "negocios y asuntos particulares". El chófer, "cuando no estaba ocupado como conductor en alguna ocasión realizó trabajos en la finca" del por entonces presidente de la CHMS.

"En consecuencia, el mencionado vehículo no fue en realidad destinado a la finalidad contratada", afirma. Es más, Fiscalía hace mención a que Liñares ordenó al conductor en Semana Santa de 2011 llevar a Lleida una partida de angulas "como obsequio a un alto cargo del Ministerio".

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