​La Xunta advierte de que las acusaciones de soborno en la mina no son tolerables

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De acuerdo a la versión de Edgewater, como se negaron a dar una “mordida”, la Xunta cambió a última hora de postura, llegando incluso a modificar la ley para detener la reapertura de la mina de oro. Algo que rebate de frente el Gobierno en declaraciones a Galiciapress: “un proyecto de esta envergadura necesita de las máximas garantías de solvencia, por eso no contó con la aprobación de la Xunta; porque no era solvente”.



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Feijóo en la rueda de prensa en la que dijo que la mina de Corcoesto se aprobaría


La Consellería de Economía dice hoy que el plan de la minera de Edgewater no era solvente “desde el punto de vista técnico, ni económico ni ninguna económico y de ninguna manera era viable y positivo para Galicia”.


Dura afirmación que contrasta con la imagen del presidente de la Xunta no hace tanto. En una rueda de prensa tras la reunión de su gobierno, Alberto Nuñez Feijóo llegó a presumir de la creación de cientos de puestos de trabajo en Bergantiños, dando por segura la aprobación del expediente. Expediente que finalmente el gobierno paró en una decisión que como bien recuerda hoy fue refrendada por el Tribunal Constitucional.


La Justicia desestima la acusación de injurias contra Edgewater


La polémica saltó hoy al desvelar Infolibre que ña Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación que interpuso la Xunta contra Edgewater. El gobierno había denunciado por calumnias a la minera de Corcoesto por afirmar en los juzgados que “tendría que pagar 1,5 millones de euros” para lograr los permisos y que “esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces [ Bernardo Tahoces, el director xeral a cargo de la tramitación del permiso]”.


Según adelanta hoy Fernando Varela, la apelación fue desestimada en noviembre. Por lo tanto, las palabras del CEO de Edgewater, George Salmis, que llegó a afirmar que “amigos del presidente [Alberto Núñez Feijóo] llegaron con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa $$ en una maleta Samsonite”, no serán perseguidas.


Marcha atrás a última hora


La Xunta apoyó en principio la megamina de oro. El presidente Alberto Nuñez Feijóo llegó a enarbolar los puestos de trabajo que prometía Edgewater en una rueda de prensa del Consello para defender su apoyo a la explotación.

Sorprendentemente, cuando el trámite llegaba a su recta final, y después de importantes movilizaciones vecinales -como las que hay ahora contra la mina de Touro-, el Ejecutivo dio marcha atrás, alegando que la filial gallega de los canadienses carecía del músculo financiero necesario.


Esto desató una ofensiva judicial de Edgewater, marco en el cual hizo las acusaciones de petición de soborno. La minera llegó a describir una reunión en Madrid en la que supuestamente un directivo de un medio de comunicación y una empresa del IBEX 35 -que no identificó- habían tratado de arrancarles parte del negocio a cambio de garantizarles que la Xunta aprobaría el proyecto.


A su vez, la Xunta reaccionó con una demanda por injurias y calumnias rechazada en primera instancia y que, según trasciende ahora, desestimada también por la instancia judicial superior. Está por ver ahora si el Gobierno no se da por vencido y vuelve a recurrir.


Esta no es la única batalla legal en marcha al hilo de la polémica y frustrada mina. Edgewater presentó una demanda de arbitraje internacional. En esa demanda, según recoge Fernando Varela en Infolibre, la empresa de Canadá afirma que ““un directivo de Sacyr le dijo a Salamis que MDC tendría que pagar 1,5 millones de euros para obtener un permiso de desarrollo para las concesiones de Corcoesto. Ese individuo también le dijo al Sr. Salamis que esos fondos se 

distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces. Además, afirmó que si MDC se negaba a pagar, creía que la Xunta procedería a tomar medidas para expropiar las concesiones”.




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George Salamis


Previamente, Edgewater había interpuesto un contencioso-administrativo, en el que describió la citada reunión con un “directivo de un medio de comunicación de tirada nacional”. La Justicia no le dió la razón a la multinacional. El Constitucional falló que la Xunta había actuado correctamente con la reforma legal que utilizó para denegar finalmente el proyecto.


La pelea judicial alrededor de Corcoesto es especialmente relevante ahora, cuando hay otro proyecto en tramitación, el de la mina de cobre que Atalaya Minning pretende reabrir en Touro - O Pino. Una explotación que también parece contar con el soporte de los concellos locales y del Gobierno autonómico, al menos en los primeros pasos de los permisos; pese a desatar también las críticas de muchos vecinos y de la oposición.

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