La huelga de la justicia obliga a suspender también la declaración de dos peritos prevista para el lunes

La Agencia Ferroviaria Europea respondió en enero a las preguntas del juez y el 7 de febrero empezó el paro de funcionarios

La huelga de empleados públicos de la justicia gallega ha obligado a suspender las declaraciones de dos peritos del caso por el accidente del tren Alvia en Angrois previstas para el próximo lunes, día 9, según han informado fuentes consultadas por Europa Press.

El juez que investiga el siniestro ferroviario, Andrés Lago, tenía previsto tomar declaración en calidad de peritos a los expertos Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo.

El primero de ellos elaboró informes sobre señalización y la segunda, acerca del factor humano, por encargo del abogado del maquinista, que aquel día llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad debido a que atendió una llamada telefónica del interventor y está investigado desde el principio de la instrucción.

El paro de los funcionarios de justicia en Galicia ya afectó a las comparecencias del pasado 19 de marzo, cuando estaban citados dos cargos de Renfe y dos técnicos, uno de ellos de la unión temporal de empresas (UTE) que formaron Thales y Dimetronic (hoy Siemens) y el otro de Bombardier.

Tampoco se produjeron el día 7 de marzo (cuando se cumplía un mes de la huelga) las comparecencias de un cargo de Adif como investigado y la de un técnico de la UTE (que fue la que suministró el sistema de control, mando y señalización en la línea) en calidad de testigo.

Únicamente se pudo celebrar una jornada de las últimas planificadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, la del día 13 de marzo, cuando dos de los cuatro técnicos que declararon como testigos ratificaron que Adif no encargó a la consultora externa Ineco que analizase los riesgos que existían en el tramo que abarca la curva de A Grandeira, donde se produjo el siniestro por el que perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas.

INFORME EXPERTOS EUROPEOS
Por otra parte, la Agencia Ferroviaria Europea informó a Europa Press de que respondió ya en enero a la petición que las autoridades judiciales francesas le hicieron en nombre del titular del juzgado de Santiago que investiga este accidente.

El magistrado Andrés Lago pidió ya hace meses a este órgano que determinase si la evaluación integral de riesgo era "normativa y/o técnicamente necesaria" en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento.

En septiembre trascendió que el primer envío con esta solicitud se hizo, por error, a un lugar en el que no se encuentra la Agencia. Después, en febrero, el juez aseguró estar "todavía a la espera" del documento e incidió en que esta situación era así "pese a que" la petición --la enviada de forma correcta-- "tuvo entrada el pasado 22 de noviembre de 2017" en la agencia europea del ferrocarril.

El 7 de febrero empezó la huelga de empleados públicos de la justicia, que todavía no ha terminado y que, entre otras muchas vistas y juicios.