Condenado por defraudar las cotizaciones de sus 260 empleados

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El exporpietario de un restaurante coruñés acepta seis años de prisión después de defraudar más de 650.000 euros a la Seguridad Social, además de una multa de 1,6 millones de euros. 


Trabajadores hosteleria


El expropietario de un restaurante de A Coruña, cuyo nombre responde a las siglas M.P.M, ha aceptado una pena de cuatro años de prisión por un delito contra la Seguridad Social y otros dos años por insolvencia punible, tras el acuerdo de conformidad entre las partes en un juicio fijado para este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña. El hostelero defraudó más de 650.000 euros a la Seguridad Social entre los años 2011 y 2017, periodo en el que no abonó las cotizaciones correspondientes a 260 empleados del establecimiento. También se le impone una multa de algo más de 1,6 millones de euros.


En el caso del considerado su testaferro, aceptó una condena de un año y un día de prisión por el delito de insolvencia punible, comprometiéndose a pagar, en concepto de responsabilidad civil, unos 12.000 euros antes del 31 de enero del próximo año, después de haber ingresado ya 2.000 euros.

Según la Fiscalía, el acusado, uno de los socios fundadores del restaurante y administrador único desde 2013, entre 2011 y 2017 descontó a los más de 260 trabajadores que tuvo el local las cuotas de la Seguridad Social, pero no las ingresó en Tesorería. La cantidad defraudada ascendió a unos 650.000 euros.

En ocasiones, presentaba los documentos de cotización, pero no ingresaba las cuotas y, en otros, no los aportaba. Antes de abril de 2017, vendió el establecimiento a un empleado.

TESTAFERRO

"Al que puso como testaferro de administrador para evitar las acciones de cobro por parte de la Seguridad Social", de acuerdo con el escrito de acusación de conformidad al que ha tenido acceso Europa Press.

Sobre el acuerdo alcanzado con el fiscal del grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña, Juan Antonio Frago, y la representación legal de la Seguridad Social, el letrado Ignacio Espinosa, que ejerció la defensa del condenado como cooperador necesario, ha subrayado que su defendido se ha comprometido a restituir el dinero.

También ha trasladado su satisfacción por un acuerdo que impedirá la entrada en prisión para su cliente, para el que inicialmente se pedían tres años de prisión. Para el otro encausado, el fiscal del caso, solicitaba, en su escrito de calificación provisional, once años de prisión.

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