La Fiscalía lleva a juicio las deficiencias de la AP-9 en Rande

La Fiscalía de Pontevedra presenta una demanda contra Ausada, concesionaria de la autopista, por lo que considera practicas “abusivas” de la empresa por cobrar los peajes íntegros a pesar del deficiente servicio que estaba prestando.

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado en el juzgado de lo Mercantil de esta ciudad una demanda de juicio ordinario contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, en ejercicio de acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios, por lo que considera prácticas "abusivas" de la empresa, que cobró los peajes íntegros pese al deficiente servicio que estaba prestando durante los "al menos tres años" que duraron las obras de ampliación del vial en el entorno del puente de Rande.

El ministerio público recuerda que, en este período, el tráfico en el puente se vio "permanentemente afectado", con los consiguientes perjuicios a los usuarios, que perdieron tiempo en sus desplazamientos y se vieron atrapados en colapsos en numerosas ocasiones. "Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad", ha apostillado el Fiscal.

Así, entiende que la concesionaria cobró unos peajes por unos servicios deficientes y ve "abusiva" la práctica de cobrar la tasa íntegra, la misma que si la autopista tuviera unas condiciones normales de circulación.

Por ello, reclama que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de ese cobro y se inste a Audasa a cesar en dicha práctica en lo sucesivo, "en cualquier autopista que gestione en España", elaborando un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico.

UNA INAUGURACIÓN ANTICIPADA

A pesar de que la ampliación del puente de Rande se inauguró a principios de este 2018, con Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo presentes en el acto, en los meses siguientes se siguieron sucediendo las restricciones de tráfico y embotellamientos que causaron la indignación de los usuarios. Además, las obras no finalizaron de forma definitiva hasta este pasado mes de noviembre después de más de tres años de reformas.

Por otra parte, la Fiscalía también solicita que se condene a la empresa a reintegrar esos importes (los que hayan sido cobrados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018) a los usuarios que acrediten haber sido afectados; y que se indemnice por el doble del importe del peaje a "todos los usuarios, conductores o pasajeros", que acrediten haberse encontrado en alguno de los atascos que implicaron retenciones de más de 10 minutos.