La CE niega el expediente de infracción a España a las víctimas, que lo exigen por "transparencia y seguridad"

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Concentración de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia frente a

Bruselas se ampara en el "clima de confianza mutua" con las autoridades de España, un argumento que recurre la plataforma de afectados

La Comisión Europea ha negado a la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago) la posibilidad de acceder al expediente de infracción abierto a España por incumplimientos en materia de seguridad ferroviaria. Ante esto, los afectados han recurrido a través de un escrito con el que solicitan el documento por "transparencia y seguridad".

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación de víctimas rebate los argumentos de Europa, que, entre otros, apela al "clima de confianza mutua" con las autoridades de España.

"La divulgación del documento reviste un interés público superior: garantizar la seguridad de las personas en el transporte ferroviario español y europeo, tanto de viajeros como de trabajadores. No hay mayor interés público que el de salvaguardar la vida e integridad física de las personas", asevera.

Además, ponen un ejemplo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictaminado que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria "debe publicar todos los estudios relacionados con los riesgos cancerígenos del glifosato" pues "existe un interés público prioritario, relativo a la transparencia, que debe estar por encima de otros intereses".

El objetivo de la plataforma, según subraya, es tratar de conocer "cómo la autoridad nacional soluciona los agujeros de cumplimiento que le supusieron la apertura de un procedimiento de infracción".

Y es que, según denuncian las víctimas, hasta ahora "las autoridades españolas han hecho caso omiso a los informes y advertencias públicos de la Comisión Europea en relación al incumplimiento de las directivas de seguridad ferroviaria".

"Ni siquiera los 80 muertos y más de 140 heridos de la tragedia de Santiago de Compostela han hecho cambiar de postura a las autoridades", censuran, para a continuación recordar que, después, "han ocurrido más tragedias mortales" y "se sigue culpando únicamente al despiste del maquinista", caso del siniestro de O Porriño, con cuatro fallecidos, o de Barcelona, con uno.

Para la asociación, es "muy preocupante" que se siga culpando al error humano y ante esto "existen muchas posibilidades de que otra tragedia vuelva a suceder".

En concreto en lo que tiene que ver con su reclamación de una nueva investigación independiente, que supla la que hizo la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios, inscrita en el Ministerio de Fomento), entienden que sin ella se encuentran "desprotegidos", pues es "imprescindible para que se puedan tomar medidas preventivas adecuadas"

Por todo eso, subraya que es "imprescindible" que se les dé a los afectados acceso a los diferentes informes "para garantizar la seguridad del transporte ferroviario en España y en Europa". "Para que los ciudadanos podamos ejercer la presión necesaria y fundamental en una democracia, para que las autoridades cambien de postura y empiecen a cumplir con la directiva de seguridad", remachan.

DOS MESES
El expediente trascendió el pasado 24 de enero con la información de que el Ministerio de Fomento contaba con dos meses para responder y tratar de acreditar que cumple con los aspectos identificados por la Comisión Europea.

En concreto, esta le pidió información sobre los métodos de trabajo de los organismos públicos españoles que se ocupan tanto de la inspección de los accidentes como de la supervisión ferroviaria (es decir, la CIAF y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria). Asimismo, planteaba la necesidad de profundizar en determinados aspectos de la actual normativa.

Fuentes consultadas por Europa Press han indicado que la actual directora de seguridad de Adif, Esther Mateo, estuvo en Bruselas las semanas pasadas.

Mateo ya declaró en sede judicial para ratificar un peritaje que hizo para su empresa antes de ser nombrada en su actual cargo y también compareció en la comisión de investigación del Congreso sobre el siniestro de A Grandeira.

En ambos lugares dijo que su conclusión era que se había cumplido con la normativa de seguridad, tras examinar la línea que conecta Ourense con la capital gallega, donde fallecieron 80 personas a causa de un descarrilamiento por exceso de velocidad en una curva en la que no se había realizado un estudio independiente de evaluación de riesgos.

Es precisamente en el análisis de riesgos deficiente en lo que se basa el juez para cerrar la instrucción con el exjefe de seguridad de Adif investigado junto al conductor, ambos con la imputación de 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave.

El expediente de la Comisión Europea se nutre de una auditoría que realizó la Agencia Ferroviaria Europea entre finales de 2017 y principios de 2018, sobre los procedimientos relativos a la seguridad ferroviaria en España.

Aunque no se refiera a la situación de 2013 (cuando tuvo lugar la tragedia de Angrois), tanto las víctimas de ese accidente como la eurodiputada del BNG Ana Miranda --ambos denunciaron a España por este motivo-- dan por hecho que, si no se cumplían determinados aspectos de la normativa de seguridad ferroviaria a finales de 2017 y principios de 2018, estos requisitos tampoco se observaban cinco años atrás.

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