Trabajadores de COPAGRO, algunos con 30 años en la empresa, luchan por la supervivencia de la fábrica

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Los trabajadores de Copagro, una empresa dedicada a la fabricación de piensos para animales domésticos, situada en la parroquia de Meirás, en Valdoviño (A Coruña), se han concentrado ante la sede de la Cooperativa de Meirás, uno de los tres socios de esta cooperativa, para demandar que no se cierren estas instalaciones y se deje sin efecto el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para sus 16 trabajadores.


FERROL

El coordinador de la Federación de Industria de USO-Galicia, Francisco Cousillas, ha asegurado que esta decisión de cierre "sorprende, ya que la empresa tiene tres camiones y el último lo han comprado hace un mes y medio, invirtiendo en el último año y medio sobre un millón de euros en diversas mejoras, como nuevas cubiertas de la nave, una nueva planta de pienso para porcino y su maquinaria, que está tirada en el almacén".

"Todo hacía pensar que estas inversiones eran para buscar el futuro, cuando ahora lo que han decidido es cerrar de un día para otro", lamenta.

30 AÑOS EN LA EMPRESA
El único delegado de los trabajadores, Rafael Caamaño (USO), ha trasladado que "aquí hay varios compañeros que llevan más de 30 años trabajando, que Coprago es toda su vida". Por ello, su cierre "va a tener un repercusión brutal para todos".

Critica que los propietarios "solo hayan decidido pensar en sus intereses, pero no en el de sus socios", ya que Coprago pertenece, a partes iguales, a las cooperativas de Meirás, Lago y Vilaboa, con el 33,3% de capital, todas ellas del municipio de Valdoviño.

Caamaño ha destacado que este cierre "puede tener unas repercusiones muy importantes en toda la comarca, con 16 puestos de trabajo directos, hay que contar con los indirectos y también con los ganaderos, que es uno de los sectores más importantes en Galicia y que se está dejando de lado".

En cuanto a las indemnizaciones que les ha trasladado la patronal, el representante sindical ha denunciado que "ofrecen lo mínimo que da la ley, es decir, una indemnización de 20 días de salario por año trabajado". "Aquí hay gente que no va a tener capacidad para trabajar nunca más debido a su edad", se queja. De tal modo, reclama "tener la salida lo más digna posible, en una situación que es muy difícil para todos, pero más para unos que para otros".

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