El astillero Barreras solicita la disolución de la sociedad en un juzgado de Vigo

El Consejo de Administración de Hijos de J. Barreras ha solicitado este martes en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, la disolución judicial de la sociedad del astillero y la suspensión del procedimiento y otras peticiones subsidiarias a la suspensión interesada.

Tal y como han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la solicitud se ha realizado al amparo de la ley de sociedades de capital y de la ley de jurisdicción voluntaria.

Según recoge la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, a continuación, el secretario judicial deberá citar a los administradores y otros interesados que "hayan de intervenir en el expediente". Finalmente, el juez resolverá en un auto el expediente en el plazo de cinco días desde la finalización de la comparecencia. Si se declara la disolución judicial de la sociedad se designará a los liquidadores en el propio auto.

Esta situación se produce después de que trascendiese que el armador Ritz Carlton había llegado a un acuerdo con los propietarios del 75 por ciento del capital (PMI, filial de la petrolera mexicana Pemex, y el grupo Albacora) para controlar el astillero.

Además, se mostró dispuesto a aportar entre 50 y 60 millones de euros para cubrir el sobrecoste del crucero que se encuentra en construcción en las instalaciones de la empresa en la ciudad olívica.

Mientras, el astillero se encuentra desde el pasado mes de octubre en preconcurso de acreedores, después de que el Juzgado de lo Mercantil lo admitiese. La empresa podrá negociar con sus acreedores hasta febrero para evitar la situación concursal, que no influye en el proceso de la disolución de la sociedad.

Por otra parte, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha celebrado una nueva concentración en la que han participado empleados y delegados sindicales frente a las instalaciones del astillero vigués.

De este modo, han reclamado una solución a la crisis de la empresa que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo y que la Xunta asuma el control de Barreras.