Nuevo decreto de listas de la Xunta recorta derechos a miles de trabajadores temporales, denuncia CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha salido con dureza contra la modificación del Decreto 37/2006 aprobada por la Xunta de Galicia a través del Decreto 40/2026, publicado en el Diario Oficial de Galicia el 19 de mayo de 2026 y en vigor desde el día siguiente. El sindicato considera que la reforma, lejos de mejorar las condiciones del personal temporal, consolida un modelo basado en penalizaciones y restricciones que perjudica especialmente a colectivos ya muy precarizados: personal sociosanitario, asistencial, de atención directa y de servicios públicos esenciales.

El cambio más controvertido es la suspensión automática en el resto de listas en el momento en que una persona acepta un puesto. Con la normativa anterior existía la posibilidad de optar a "mejoras de empleo", es decir, a puestos con mejor jornada o más cercanos al domicilio. La nueva regulación elimina esa opción, obligando al trabajador a permanecer bloqueado aunque haya superado otros procesos selectivos y abonado las correspondientes tasas de inscripción. Para CSIF, esto supone una merma directa de derechos adquiridos que impacta de lleno en la conciliación y la movilidad profesional.

Otro cambio relevante afecta al sistema de llamamientos urgentes: el decreto autoriza los avisos por SMS o teléfono para situaciones de emergencia inaprazable, especialmente durante la campaña de incendios forestales entre el 1 de marzo y el 31 de octubre. La persona convocada deberá responder antes de las 23:59 horas del mismo día en que recibe el llamamiento. En cuanto a las penalizaciones, la norma reduce de un año a seis meses el período de sanción por rechazar sin justificación un puesto obligatorio. Además, se autoriza la creación de listas complementarias para el servicio de incendios (SPIF) cuando se agoten las ordinarias durante la temporada de alto riesgo, afectando a categorías como bomberos forestales, conductores de motobomba y emisoristas.

Más digitalización, más riesgos

El decreto introduce también la gestión exclusivamente electrónica, que será obligatoria para las solicitudes de inclusión en listas a partir del 1 de enero de 2027; la gestión de suspensiones y reincorporaciones también pasará a ser totalmente digital. CSIF advierte de que este cambio incrementa el riesgo de exclusiones automáticas por incidencias técnicas o errores informáticos, trasladando a los aspirantes toda la carga burocrática sin garantías frente a fallos del sistema. La entrada en vigor de la suspensión voluntaria, regulada en el artículo 15.2, quedará además supeditada a que la Consellería de Facenda confirme mediante orden que los sistemas informáticos están operativos.

El sindicato señala también un agravio comparativo dentro de la propia Administración autonómica: el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) opera con listas que permiten mayor movilidad y posibilidades de mejora de empleo, con mecanismos mucho menos restrictivos que los que ahora se consolidan para el resto de personal de la Xunta. Para CSIF, resulta inaceptable que trabajadores que desempeñan funciones similares en servicios públicos esenciales de la misma administración reciban un trato tan desigual.

La Xunta defiende el decreto como una modernización necesaria

El Gobierno de Alfonso Rueda sostiene, por su parte, que la reforma era necesaria y beneficiosa. El principal argumento de la Xunta es la agilidad administrativa: el objetivo declarado es garantizar que los servicios públicos no sufran interrupciones por falta de personal, especialmente durante la campaña de incendios forestales. En ese sentido, el ejecutivo gallego defiende que los llamamientos por SMS y teléfono son imprescindibles para responder a situaciones de urgencia inaprazable.

Sobre la eliminación de la mejora de empleo, la Xunta argumenta que el sistema anterior generaba distorsiones y retrasos en la cobertura de vacantes, porque muchos trabajadores cambiaban de puesto de forma constante dificultando la planificación de los servicios. En cuanto a las penalizaciones, el ejecutivo presenta la rebaja de doce a seis meses como una medida favorable para los trabajadores, al darles una segunda oportunidad más rápida tras rechazar un puesto. Y respecto a la digitalización, el Gobierno gallego la defiende como una simplificación de trámites tanto para la administración como para los propios aspirantes.

CSIF estudia recurrir la norma

Ante esta situación, CSIF ha anunciado que ha trasladado la modificación del decreto a sus servicios jurídicos para estudiar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El sindicato considera que determinados aspectos de la nueva regulación podrían vulnerar derechos del personal empleado público y resultar contrarios a los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica que deben regir el acceso y la provisión de puestos en la Administración pública.

CSIF exige la retirada de las modificaciones que implican suspensión automática entre listas, la implantación de mecanismos de mejora de empleo similares a los del SERGAS, garantías frente a exclusiones electrónicas y una negociación sindical efectiva. La CIG, por su parte, ha calificado los cambios de meros "parches" para evitar crear empleo estable, en particular en el Servicio de Prevención de Incendios Forestales.