La Xunta constata que el gobierno de Vigo modificó la ordenanza del IBI cuando "los juzgados no le dieron la razón"

La Xunta de Galicia ha constatado este viernes que el gobierno de Vigo modificó la ordenanza del IBI para cobrar este impuesto a la sociedad concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, tras el intento fallido de hacerle pagar antes, con el argumento de que es un centro privado: "El alcalde de Vigo modifica la ordenanza cuando los juzgados no le dan la razón".

Así lo han transmitido fuentes autonómicas tras hacerse pública una sentencia en la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala el pago de ese impuesto por parte de la concesionaria, eso sí, desde el ejercicio 2019, cuando la ordenanza fue modificada.

A ese respecto, el gobierno gallego ha recordado que los tribunales desestimaron el intento del Ayuntamiento de cobrar el IBI en los ejercicios de 2015 a 2018, ya que en esos años la ordenanza municipal establecía que los centros del Sergas de titularidad pública estaban exentos de pago.

Según la Xunta, "lo que ha ocurrido" es que el consistorio olívico no pudo percibir esos ingresos, pese a su insistencia en tramitarlos como si el hospital se tratara de una entidad privada, porque los juzgados "acreditaron la plena titularidad pública del Sergas sobre el cien por cien del inmueble".

Tras la modificación de la ordenanza, el Ayuntamiento dispuso que solo quedarían exentos del IBI los centros de salud de Atención Primaria en los que tanto el titular como el sujeto pasivo (el que tiene que pagar el impuesto) sea público. Por eso, el TSXG avala que la concesionaria debe pagar el IBI desde la entrada en vigor de la nueva normativa, lo que supone el pago de unos 970.000 euros anuales.

"Lamentamos que el resto de ayuntamientos, con independencia del color político, firmen convenios de exención del IBI para los centros de salud y hospitales, y en Vigo el gobierno local siga sin colaborar con el hospital público de la ciudad", han afirmado fuentes del gobierno gallego.

Finalmente, las mismas fuentes han matizado que la sentencia del TSXG responde a un recurso interpuesto por la concesionaria contra la modificación de la ordenanza fiscal. La Xunta, por su parte, también recurrió esa modificación, y todavía está pendiente de sentencia.