Defensor del Paciente presenta ante la Fiscalía gallega una denuncia por la situación de las residencias de ancianos

La Fiscalía Superior de Galicia ha sumado una denuncia presentada por el Defensor del Paciente a las diligencias preprocesales civiles abiertas en residencias de mayores en relación a los contagios de coronavirus.

Así lo ha dictado el Fiscal este jueves en un decreto en el que traslada la incorporación de esta denuncia a las diversas Fiscalías Provinciales y de Área, que son las encargadas de realizar el seguimiento exhaustivo de estos centros, tanto públicos como privados, durante esta crisis sanitaria.

De esta manera, al seguimiento informativo que las Fiscalías Provinciales venían haciendo, se suma esta denuncia sobre la situación de las residencias gallegas, en la que se insta a la Fiscalía Superior a "tomar medidas urgentes" para el traslado de ancianos e "investigar" cada centro de este tipo en Galicia.

Desde el Defensor de Paciente se apeló a la necesidad de "depurar responsabilidades" en todos los casos en los que se hayan producido "irregularidades graves" que amenazan la "dignidad e intimidad" de los afectados y se trasladó el caso de la DomusVi San Lázaro (Santiago) como un ejemplo.

"VELAR POR LOS INTERESES" 

De esta manera, la denuncia formulada ha sido contemplada y archivada por la Fiscalía Superior después de remitir esta información a las instituciones de cada área y provincia, que siguen con la investigación para recabar información sobre "personas fallecidas, medidas adoptadas para evitar propagación, seguimiento de protocolos o situaciones de necesidad planteadas".

El objetivo es "velar por los intereses de las personas vulnerables" como son los más mayores, que constituyen un grupo de riesgo para la expansión de coronavirus. Así, el cometido de las Fiscalía se centra en la "atención sanitaria y asistencial" que reciben estas personas.

Por otra parte, el Defensor del Paciente también apelaba a la apertura de diligencias penales, pero la Fiscalía ha descartado esta opción, ya que "no aparece acreditada la existencia de infracción penal". Además, no se aporta "ningún elemento o principio de prueba que justifique" ese tipo de investigación, concluye el fiscal.